Belén Vázquez
Campillo, abandonada a la muerte en la "prisión de la esperanza"
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El de
Belén Vázquez Campillo es un caso extremo dentro de la situación de abandono
sanitario en que se encuentran al menos 14.000 personas enfermas de hepatitis C
presas en las cárceles españolas. Ella está cumpliendo condena precisamente en
la UTE de Villabona, llamada “la
cárcel de la esperanza” en la demagogia correccionalista esgrimida en
tiempos de Zapatero por la “izquierda” de la partitocracia española, quizá para
distinguirse superficialmente de la fracción derecha, con la que se ha
alternado en el gobierno durante tantos años, compartiendo, además del negocio
del poder, una política criminal y penitenciaria basada en el “populismo
punitivo”, en el desarrollo de una “industria del control del delito” y en la
exclusión material y formal de la condición de persona y neutralización física
de pobres, migrantes, rebeldes y “enemigos”. Sin abandonar nunca esa estrategia
de dominación, el partido del GAL y del FIES fomentó durante su anterior
mandato “experiencias” como las “unidades terapeúticas y educativas” y los
“módulos de respeto” donde se pretende implementar y justificar para el Estado
y sus carceleros un “poder terapeútico” que atenta contra la dignidad de las
personas sometidas a la “relación de sujección especial” penitenciaria en tanta
o mayor medida que otras “experiencias”, como el Régimen Especial de castigo o
los FIES, de las que no es más que la otra cara de una misma moneda. Belén es
ex toxicómana, portadora de anticuerpos del VIH, con las defensas
extremadamente bajas; sufre un papiloma de kilo medio; está enferma de hepatitis
C y de cirrosis muy avanzada. Después de salir dos veces en coma hepático al
hospital de la calle y cuando estaba siendo preparada para la administración
del “sovaldi”, único tratamiento que podría salvarle la vida, prescrito por los
médicos de la seguridad social, se encuentra con que la administración
autonómica asturiana se niega a sufragarlo, por corresponder legalmente el
gasto a la administración carcelera, que no dice “esta boca es mía”, quedando
Belén en peligro de muerte, sin tratamiento y sin ninguna perspectiva de
poderlo recibir.
Según los
últimos datos oficiales, recogidos en el Informe
de Prevalencias de las infecciones de VIH y hepatitis C en Instituciones
Penitenciarias de 2013, en aquel año, el 21,3% de los presos españoles,
unas 14.000 personas, tenían el virus, y además, uno
de cada tres infectados por VHC también lo estaba por el VIH. Ocho personas
presas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año
anterior a pesar de que la población reclusa había disminuido. Y la secretaría
general de prisiones admitía que de todos los reclusos que han dado positivo
por hepatitis C, sólo están tratando al 2,8%, es decir, a 209 internos. El
gasto en tratamientos de hepatitis C ha bajado un 26,04%, entre 2013 y 2012 y
un 48% desde 2006. Y cómo iba a ser de otra manera cuando la autoridad
carcelera ha estado restringiendo esos gastos a base de prohibir a los médicos
bajo sus órdenes que prescriban, ya no los fármacos de última generación, con
una eficacia aproximada de un 90%, sino los que en la calle estaban siendo
rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que
aquéllos, un 75 %; no dando otra opción a las personas presas que conformarse
con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y una eficacia
aproximada de un 50%, o someterse a larguísimas listas de espera que les
permitan entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro
presupuestario por quienes tienen encomendado legalmente velar por sus “derechos”
a la vida y a la salud. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de
gastos es que, sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se han
centralizado en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid, con unos 370 metros cuadrados y muy pocas plazas, para un tratamiento
que dura 48 semanas. Pero, cuando llegan allí, después de años de espera, el
problema sigue siendo el mismo. Las administraciones no se ponen de acuerdo
sobre cuál de ellas debe pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los
perjudicados son los pacientes. Además, por orden de las altas instancias de la
administración carcelera, quedaban excluidas del tratamiento las personas
coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de
la Agencia Española del Medicamento que afirman, en realidad, que la
coinfección aumenta la urgencia del tratamiento.
En la
calle, hasta hace muy poco, se estaban negando a los enfermos, por su elevado
precio, que la multinacional farmaceútica “Gilead” se resistía a negociar, los
últimos y más eficaces tratamientos. Se les estaban administrando los
anteriores, todavía demasiado caros para que el sistema nacional de salud o el
ministerio del interior estuvieran dispuestos a proporcionárselos a las
personas presas. La escandalosa situación de discriminación y vulneración de
los “derechos fundamentales” de la personas presas, precisamente por quienes
tienen encomendada legalmente su “tutela”, fue denunciada en su día, por
ejemplo, por la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía o
por representantes de laSociedad Española de
Sanidad Penitenciaria. “Los presos son pacientes de segunda que no tienen
los mismos derechos que un paciente que esté en la calle. No se están dando los
mismos tratamientos que en la calle. Y por lo tanto, el principio de equidad ha
desaparecido” –decía uno de ellos. La evidencia era tan aplastante que hasta
una “defensora del pueblo” tan fría en el ejercicio de sus funciones como la
actual, para intentar salvar la cara, tuvo que reconocer en su informe
anual que los nuevos
medicamentos, “no estarían llegando a los presos”, que “hay un cierto número de
internos” a los que les han sido prescritos estos fármacos por los
especialistas, pero que “no lo estarían recibiendo” por razones de dinero,
“pues la Administración penitenciaria considera que el importe económico ha de
ser satisfecho por las comunidades autónomas, toda vez que se trata de fármacos
de dispensación hospitalaria”. Interior se niega a pagar, las comunidades
autónomas, lo mismo, y tendrán que decidir los tribunales. Y, como dice el
informe de la defensoría, “entretanto, los internos enfermos no reciben el
tratamiento prescrito y su estado de salud se deteriora”. Así que, por “motivos
humanitarios”, pide a Instituciones Penitenciarias que “proceda al pago de
tales fármacos sin perjuicio de que paralelamente se inicien actuaciones
judiciales”. Ha tenido que reconocer también que Instituciones Penitenciarias
“ha negado el fármaco a los reclusos coinfectados con hepatitis C y VIH,
amparándose en que la ficha técnica de los medicamentos no lo contempla”, y
ella misma recuerda que “la Agencia Española del Medicamento advierte de que en
esas circunstancias es más necesario todavía”. Algunas sentencias judiciales
han dictaminado también que en cuanto a “la dispensación y el pago, en ambos
casos, el obligado es la Administración Penitenciaria, que debe dispensar esos
medicamentos, dado que las competencias no han sido transferidas a las
Comunidades Autónomas”.
Al menos
aparentemente, ya que estamos en “año electoral” y ya sabemos a qué atenernos
en cuanto a las promesas de los políticos, algo ha variado la situación desde
entonces. A
finales de marzo el
ministerio de sanidad proponía a las comunidades autónomas un “plan estratégico
contra la hepatitis C” que era aceptado por casi todas, para atender con los
nuevos fármacos a 52.000 enfermos, de los 900.000 que según las organizaciones
de afectados hay en el territorio del Estado español, en los próximos tres
años. Se hablaba de un sistema de financiación a crédito todavía “por discutir”
y de pactos con los laboratorios farmaceúticos de ir bajando el precio a medida
que la demanda vaya siendo mayor. Un medio en internet anunciaba a
primeros de abril que
interior había decidido “seguir los pasos de sanidad” y había gastado un millón
en los nuevos fármacos. La situación de Belén Vázquez pone a prueba la
credibilidad de todas esos anuncios y de todas las “personalidades” e instituciones
implicadas. Al principio, cuando se puso en circulación la noticia, hace
un par de semanas, todo era indiferencia burocrática y “silencio
administrativo”. Los responsables “terapeúticos” de La UTE de Villabona decían
que el asunto no era de su competencia, la subdirección médica carcelera que
“las reclamaciones, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria”, éste aún no se ha
pronunciado. Belén fue trasladada otra vez por los servicios médicos carceleros
al hospital de la calle, pero a la planta de psiquiatría, para ser medicada con
neurolépticos, después de calificar de “brote psicótico” el estado de miedo y
cólera en el que se encuentra, totalmente natural y lógico, dada su situación.
Le enviaron sin la menor información sobre su estado general, de manera que el
patólogo del mismo hospital que había hecho su diagnóstico hepático y prescrito
la medicación que luego no quiso financiar la autonomía asturiana ni siquiera
sabía que su paciente había vuelto a ingresar y los psiquiatras ignoraban el
estado de su hígado hasta el punto de prescribirle medicaciones que pueden ser
peligrosas para el mismo. Esa es la situación ahora, Belén está en la sección
penitenciaria del hospital, custodiada por la policía, negándose a someter su
ansiedad e indignación a una camisa de fuerza química, y aún no se sabe nada de
su posible tratamiento hepático. Ante la modesta publicidad lograda en algún
programa de radio y algún otro medio marginal en internet y, sobre todo, ante
la insistencia de los familiares, se han obtenido algunas… promesas. Fuentes
penitenciarias oficiosas dicen que se va a proponer a Belén para ser
clasificada en tercer grado y puesta en libertad condicional por enfermedad
terminal: una buena manera, también a nuestro juicio, de librarse del problema.
El presidente de una federación de asociaciones de afectados dice que ha
hablado con todo el mundo y que el medicamento ya está listo. Ya lo creeremos
cuando lo veamos. Algún medio de comunicación se ha interesado por el tema. Una
abogada se ha hecho cargo de iniciar las solicitudes legales correspondientes
ante el juzgado de vigilancia penitenciaria y demás instancias responsables,
pero ya sabemos que “las cosas de palacio van despacio”. Mientras, hay que
aumentar la presión, demostrar que hay cada vez más gente atenta a la situación
de Belén, por si los responsables se avergüenzan de su negligencia a la hora de
garantizar como deben el derecho a la vida y a la salud de una presa y les
motiva algo pensar que el espectáculo de su inhumanidad, a la vista de todo el
mundo, puede ir en contra de sus intereses.
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