lunes, 27 de junio de 2016

Granado y Delgado: un crimen legal



En estos meses de borrachera electoralista se ha hablado mucho del régimen del 78. Ese régimen instaurado, tras la muerte de Franco, por la llamada “Transición” de la Dictadura a la Democracia representativa que tenemos hoy. Una TRANSICIÓN-TRANSACCIÓN que transformó -de la noche a la mañana- a los franquistas en DEMÓCRATAS y parió una DEMOCRACIA para que los ex franquistas pudieran disfrutar y aumentar legalmente las fortunas adquiridas a la sombra de la Dictadura.
No es de extrañar que, en tales condiciones, sólo se haya hablado del régimen del 78 y nada o muy poco de lo que fue la dictadura. De esa dictadura que no paró de reprimir brutalmente al pueblo español durante casi cuarenta años. Aunque sí es “curioso” que ni siquiera lo hayan hecho los que denuncian el régimen del 78 y pretenden ser los portavoces de la indignación popular actual. “Curioso” porque deberían sentirse concernidos por las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y por el deber de memoria hacia los que perdieron la vida en la lucha contra la dictadura, aunque sólo fuese por haber sido los únicos que intentaron ponerle fin o provocar una transición menos “atada” que la que Franco pudo preparar gracias al derrotismo antifranquista. Y, además, porque tampoco deberían olvidar que, si la democracia actual es la continuidad del régimen del 78, lo es porque no se supo o no se quiso provocar entonces una ruptura con el continuismo franquista.
Se impone pues recordar esto para comprender el por qué en 2015 tenemos que seguir soportando la soberbia de los demócratas exfranquistas que siguen detentando la casi totalidad del poder en este país, y el por qué las víctimas del franquismo tienen que seguir esperando la condenación de sus victimarios. ¡Y eso pese a que ya han pasado cuarenta años desde la muerte del dictador y ocho de la promulgación de la llamada Ley de “Memoria Histórica”!
Una ley cobarde e infame, que no sólo no se atrevió a anular las sentencias franquistas sino que estableció, además, una indigna discriminación entre las víctimas del franquismo, al separarlas arbitrariamente en dos categorías: las ejecutadas antes de 1968 y las que lo fueron después, cuya indemnización fue trece veces mayor.
En espera pues de que la actual “indignación” recupere el uso de la memoria y traduzca en hechos sus promesas de justicia verdadera, las familias de las víctimas de la represión franquista siguen sin contar con apoyos institucionales para rendir el homenaje que tanto merecen sus familiares ejecutados por los franquistas. Tal es el caso de la familia de Francisco Granado, ejecutado en 1963 con Joaquín Delgado, que sigue esperando el cumplimiento de la promesa, de la alcaldía de Valencia del Ventoso, de poner en el Centro Cultural de esa ciudad el busto que su hijo -escultor- hizo de su padre. Una promesa que la familia Granado desearía se cumpla el próximo mes de agosto, ¡cincuenta y dos años después de que Francisco Granado y Joaquín Delgado fuesen ejecutados! 52 años ya de la ejecución de nuestros dos compañeros, detenidos el 1 de agosto de 1963 y ejecutados 16 días después, el 17 de agosto de 1963, tras ser condenados a muerte por un Consejo de Guerra Sumarísimo, por unas acciones que no habían realizado.
Un periodo de más de medio siglo en el que, tras la muerte del dictador y la “Transición”, no fue hasta 2007 que la “Democracia” (el régimen del 78) parió esa ley que debía rehabilitar jurídicamente a las víctimas de la represión franquista. Una rehabilitación que sigue pendiente hoy y que no se conseguirá aunque el PP deje de gobernar; pues, ni para el PSOE ni para los otros partidos está entre sus preocupaciones y objetivos. Salvo si, de aquí a las elecciones generales, los colectivos memorialistas hacen oír su voz y de nuevo se presentan recursos de revisión de las sentencias franquistas y se organizan campañas públicas de denuncia de este baldón de la justicia de la democracia en vigor. Recursos y campañas que, como las iniciadas con el caso Granado-Delgado en los años noventa, pongan nuevamente en marcha el proceso de recuperación de la memoria histórica hoy casi olvidado.
Octavio Alberola
1.- “Granado yDelgado, un crimen legal”, ARTE, 1996, y “Garrote vil para dos inocentes, el caso Delgado-Granado”, Carlos Fonseca, Temas de Hoy, 1998.

Documental: Granado y Delgado: un crimen legal



martes, 21 de junio de 2016

Franco me hizo terrorista. Memorias del anarquista que intentó matar al dictador.



En el verano de 1964 y con 18 años recién cumplidos, el anarquista escocés Stuart Christie viajó a España desde su Escocia natal, escondiendo una carga de explosivos bajo su ropa y con una misión: matar a Franco y cambiar así el rumbo de la historia española. Su temprana obsesión con el dictador había nacido algunos años antes, en los albores de su adolescencia, cuando sus familiares y su círculo de amigos adultos nutrían sus reuniones con anécdotas sobre la Guerra Civil y las Brigadas Internacionales en las que muchos de ellos habían participado. Pero quien más influyó en su vocación anarquista y antifranquista no fue ninguno de estos ex combatientes, sino una figura mucho más fuerte y determinante en el ideario de Christie: su abuela. « Básicamente, lo que ella hizo fue proveerme de un barómetro moral en el que se fusionaban el socialismo libertario y el anarquismo. Ella me dio la estrella que siempre seguí». Siempre guiado por su curiosa musa inspiradora, Christie comenzaría a contactar con algunos exiliados de la España franquista. En agosto de 1964, cuando su mundo aún no se extendía más allá del sur de Inglaterra, Christie recibió instrucciones para cumplir con su primera misión internacional. Y así comenzó un viaje lleno de insólitas peripecias, que acabó de una manera ciertamente insospechada por su protagonista.

domingo, 12 de junio de 2016

Podrán cortar las flores, pero no detener la primavera. Pablo Neruda,



50 muertos y más de 50 heridos en un tiroteo en un club gay de Orlando

viernes, 10 de junio de 2016

En el Estado Español se sigue torturando.



Octava condena de Estrasburgo a España por no investigar la tortura
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo considera que la denuncia presentada por Xabier Beortegi no fue debidamente investiga en el Estado español, por lo que le condena a indemnizar con 20.000 euros al vecino de Iruñea por daños morales.
La demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene su origen en la denuncia presentada por Xabier Beortegi Martinez, vecino de Errotxapea detenido por la Guardia Civil en enero del 2011 por su presunta vinculación con Ekin. Beortegi denunció haber sufrido graves torturas durante su detención incomunicada. En aquella operación fue arrestado también Jon Patxi Arratibel, cuya demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo fu aceptada y el Reino de España condenado por noo haber investigado debidamente su denuncia de torturas.
Beortegi relató que los guardias civiles que le arrestaron le insultaron, le amenazaron y le golpearon en la cabeza y en los testículos y que incluso le pusieron una pistola en la mano advirtiéndole que así ya tenían sus huellas en el arma. En Madrid permaneció con un antifaz puesto en los ojos, fue objeto de interrogatorios sin presencia de abogado, que le obligaban a realizar ejercicio físico, le pusieron varias veces una bolsa en la cabeza produciéndole asfixia, le humillaron y vejaron y que recibió continuas amenazas, todo con el objetivo de que se aprendiese una declaración autoinculpatoria y la firmara. Finalmente accedió a ello para que acabara su sufrimiento.
Beortegi quedó en libertad tras pasar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que había ordenado su detención y que hizo caso omiso a su denuncia de malos tratos, pese a que al relatar lo que había padecido a manos de la Guardia Civil se cayó de la silla por problemas respiratorios por un ataque de ansiedad. Incluso el abogado de oficio que le asistía dijo que era evidente que se le había sacado información bajo presión.
 
El TDHE recuerda que la incomunicación ha sido duramente criticada en numerosos informes
El vecino de Iruñea presentó posteriormente una denuncia en la que solicitaba la práctica de una serie de pruebas, como la toma de su propia declaración, aportación a la causa de todos los informes médicos relativos a los reconocimientos realizados durante la incomunicación, aportación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de los cuarteles donde permaneció detenido, identificación y toma de declaración de los guardias civiles que tuvieron contacto con él, toma de declaración de todos los médicos forenses que le reconocieron, de los abogados de oficio que le asistieron, ser reconocido física y psicológicamente por un médico forense y la aportación de la declaración policial y judicial.
Sin embargo, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruña, Mari Paz Benito, se limitó a tomar declaración a Beortegi (219 días después de interponer la denuncia) y a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil las grabaciones de la detención, pero la Guardia Civil respondió que no existían “porque los calabozos no disponen de dicho sistema de videograbación y porque el juez no lo ordenó”. En marzo del 2012 la jueza decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por considerar que de lo actuado no aparecía debidamente justificada la perpetración del delito, sin haber realizado las pruebas e investigaciones solicitadas y sin más argumentación.
Dicha resolución fue recurrida en las instancias pertinentes hasta agotar así la vía jurisdiccional en el Estado español, razón por la que el demandante acudió finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a fin de que se reconociera la vulneración del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos en el que se indica que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”, y que su denuncia no ha sido investigada de forma efectiva por parte de las jurisdicciones internas del Estado español.
Octava demanda aceptada, octava condena a España
Con la de Beortegi, son ya ocho las demandas aceptadas por el TDHE. De ellas tres corresponden a navarros detenidos por la policía española o la Guardia Civil. Y todas ellas han estimado que las denuncias de torturas presentadas por estos ciudadanos y ciudadanas vascas no fueron suficientemente investigadas pese a que el propio Tribunal de Estrasburgo les otorga gran credibilidad.
 
Todas las demandas han estimado que las denuncias de torturas presentadas no fueron suficientemente investigadas
El TDHE, además, recuerda que la incomunicación ha sido duramente criticada en numerosos informes sobre prevención de la tortura y de defensa de los derechos humanos. El propio Comité europeo para la Prevención de la Tortura visitó en 2011 a varias personas detenidas resaltando que “la delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11 personas con las que mantuvo entrevistas, que habían estado detenidas en régimen de incomunicación en operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil durante los primeros meses de 2011”. Algunas de ellas habían sido arrestadas con el propio Beortegi.
El Tribunal de Derechos Humanos ha considerado en otras ocasiones que “la investigación debe ser efectiva y susceptible de establecer los hechos así como identificar y castigar a los responsables”. El simple hecho de tomar conocimiento de los informes del médico forense e incluso la audición de este último “no son elementos suficientes para considerar una investigación efectiva”, como estimó el TEDH en la sentencia por la denuncia del director de Egunkaria Martxelo Otamendi contra España.
“Se ha de constatar una violación si la autoridad de instrucción se abstiene de efectuar todas las gestiones razonables, tales como requerir las declaraciones de las personas concernidas, de los testigos oculares así como ordenar peritajes médico-legales”, ha estimado la Gran Sala del TEDH en anteriores sentencias, insistiendo al Reino de España en la importancia de adoptar las recomendaciones formuladas por el CPT para eliminar la incomunicación y acabar con la impunidad de los torturadores.