Los Pactos de la
Moncloa
Federación Local de
Sindicatos de Madrid
El franquismo tuvo el acierto, el poder y los medios para comprar, absorber, aglutinar y corresponsabilizar de la nueva situación «democrática» a toda una clase política ansiosa por recibir prebendas, cargos y negocios. Sin olvidar una no menos inteligente política de institucionalización de antiguas y nuevas organizaciones sindicales cuyos dirigentes se aplicaron con ansias renovadas a la burocratización con cargos remunerados, al apaciguamiento de unos trabajadores que esperaban más y más y al engaño y a la estafa bajo diferentes ideales. En definitiva, estaban dando por bueno el postfranquismo y pactaban con él.
En
medio de una fuerte conflictividad social tuvo lugar el 25 de octubre de 1977
la firma de los Pactos de la Moncloa. Estos acuerdos fueron firmados en el
Palacio de la Moncloa entre el Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez
y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el
Congreso de los Diputados. Estos pactos supusieron la imposición definitiva
-por parte las elites políticas y económicas- de la reforma política sobre la
ruptura con el franquismo.
Los
pactos fueron aprobados por el Parlamento el día 27 del mismo mes y podían
dividirse en dos paquetes: el político (Programa de Actuación Jurídica y
Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reforma de la
Economía). El económico a su vez podía dividirse en las medidas urgentes
(contra la inflación y el desequilibrio exterior) y las reformas necesarias a
medio plazo para repartir los costes de la crisis (ya que no sería bonito que
pagasen sólo los que habían estado robando durante 40 años).
Con
anterioridad, Adolfo Suárez había sostenido conversaciones con Felipe González
(PSOE) y Santiago Carrillo (PCE), después de constituirse las Cortes Generales
tras las elecciones del 15 de junio de 1977, con el fin de sondear la
posibilidad de un acuerdo de estabilidad.
La
demagogia y la política del miedo también jugaron un papel importante. Según
Santiago Carrillo, con el acuerdo se iba a sacar al país de la crisis en el
plazo de un año y medio; mientras que otros personajes del momento aludían al
riesgo de un posible golpe de estado si no se alcanzaban unos acuerdos de
mínimos.
De
cualquier manera, mientras los partidos socialista y comunista pudieron
implantarse en el nuevo escenario político, el movimiento sindical fue dejado
al margen de la reforma, como meras correas de transmisión. Materias cruciales
que afectaban a la capacidad de los nuevos sindicatos para reclutar afiliados y
negociar fueron subordinadas al establecimiento de la estructura política de la
nueva democracia parlamentaria.
El
Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, trató de llegar a un
acuerdo con los sindicatos para que aceptasen la moderación salarial y el
equilibrio presupuestario y así poner freno el alto nivel de conflictividad
social. Incialmente, la UGT y la CNT rechazaron el acuerdo, así como también
algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras.
Consecuencias de los Pactos de la Moncloa
Los
Pactos de la Moncloa crearían las condiciones sociales para la Constitución de
1978, que consagraría la inviolabilidad de la propiedad privada de los medios
de producción y la economía de mercado. Si la futura Constitución tenía una
gran importancia en lo que se refería a establecer las reglas básicas del juego
político, el pacto social tendría una importancia también trascendental, ya que
sería lo que permitiría reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo
del trabajo español. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase
obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de
sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza
real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las
condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto
social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de
sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba
resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.
Hay
que destacar que una parte fundamental de estos acuerdos sería como controlar
al movimiento obrero y a los sindicatos al margen de CCOO y UGT, es decir a la
CNT. Fue aquí por lo tanto donde se creó y preparó la colaboración de clases
(concertación social), para lo que se tomó como ejemplo la socialdemocracia
alemana. Finalmente se llegaría a un acuerdo sobre la negociación colectiva y
la representación sindical con CCOO y la UGT.
Con
los Pactos nacían los comités de empresa (sindicalismo de nuevo tipo) nefastos
para la lucha no sólo en lo económico, sino también en lo organizativo y
unitario como clase, ya que parcializaban las luchas empresa por empresa,
cuando las luchas y las reivindicaciones eran globales. En realidad, los
comités de empresa eran (y son) de naturaleza antisindical, puesto que la
actividad sindical sólo consistía en depositar un voto en una urna cada cuatro
años, y los trabajadores -supuestamente representados en su conjunto por el
comité- no sentían la necesidad de organizarse para luchar por sus intereses.
En
el terreno político, entre otras cosas, se acordó modificar las restricciones
de la libertad de prensa y la legislación sobre secretos oficiales para
permitir a la oposición parlamentaria el acceso a la información; se aprobaron
los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión
mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la
violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la
asistencia letrada a los detenidos y se despenalizó el adulterio y el
amancebamiento.
En
materia económica destacaba la flexibilización del régimen laboral, a través de
mecanismos de contratación temporal (sobre todo de jóvenes) y mayores
facilidades para el despido de personal, reconociéndose el despido libre para
un máximo del 5% de las plantillas de las empresas; el derecho de asociación
sindical; fijación en el 22% del límite de incremento de salarios (inflación
prevista para 1978); reforma de la administración tributaria ante el déficit
público y medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de
España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.
Se
acordó mantener el aumento de los salarios por debajo del nivel de inflación,
lo que supuso un recorte del 7% del nivel de vida de los asalariados. A cambio,
se prometieron algunas reformas sociales y económicas las cuales tardarían en
llegar y otras nunca llegarían. Este fue el caso, por ejemplo, de la promesa de
restituir a los sindicatos el "patrimonio sindical" -el enorme
patrimonio acumulado por el sindicato vertical durante casi cuarenta años a
través de la confiscación de las propiedades de UGT y CNT y las cuotas
obligatorias de empresarios y trabajadores- proceso que se demoraría durante
largos años.
Con
los Pactos de Moncloa se abría una nueva línea de acción sindicial, basada en
el acuerdo, pero también en el secretismo de las negociaciones, que hurtaba a
las masas el protagonismo condenaba a la marginación a quienes no se
sumbaban a estos acuerdos.
La
CNT se opuso a estos acuerdos desde un primer momento, consciente de que
representaban un coste muy elevado para la clase obrera, no sólo por la pérdida
de derechos económicos y sociales para los trabajadores, sino también porque
pretendían dar por cerrado el proceso de reforma política, poniendo punto final
a las aspiraciones rupturistas y revolucionarias. La crítica anarcosindicalista
a los Pactos representaba una amenaza tanto para las medidas de reajuste
económico, que hacían recaer el peso de la crisis sobre una clase trabajadora
combativa como la española, como para el modelo sindical impuesto.
Oposición frontal de la CNT
Durante
el último tercio de 1977 la CNT fue construyendo una convergencia de las
fuerzas sindicales y sociales que estuvieran contra el Pacto de la Moncloa y
que en algunos momentos hizo dudar hasta las dinámicas sindicales de los
aparatos y las cúpulas de CC.OO. y UGT.
En
este contexto, el Comité Regional de Cataluña de la CNT tomó la iniciativa de
proponer a los Comités de Cataluña de UGT y CC.OO., la formación de una mesa de
análisis y discusión crítica conjunta del Pacto de la Moncloa. De estas
jornadas que las delegaciones de los tres sindicatos catalanes desarrollaron
durante el mes de septiembre y octubre de 1977, surgió el acuerdo de convocar a
una manifestación en contra de los Pactos de la Moncloa, que tuvo lugar en
Barcelona en octubre, y en la cual participaron 400.000 trabajadores. Fue este
el primer y último acto unitario del movimiento obrero durante toda la
transición.
De
lo que se trataba con la manifestación era de desbaratar el pacto entre el
estado y el conjunto de la burguesía que pretendía poner en cintura al conjunto
del movimiento obrero español y disciplinarle al plan de estabilidad. Es decir,
que se resignara a perder todo lo conquistado en la lucha contra el franquismo
para recomponer las condiciones de la explotación de trabajo ajeno. La
burguesía sabía que sin este consentimiento del movimiento obrero, la
transición al chollo de la democracia era imposible.
Y
la gravedad del asunto no estribaba tanto en el propio radicalismo de la CNT,
sino en que ésta había conseguido que su razón política gravitara sobre las
secciones catalanas de UGT y CC.OO, haciendo posible que esa cualidad
reivindicativa suya se trocara en cantidad superando las limitaciones
ideológicas y organizativas del movimiento obrero en Cataluña. Por lo que ante
la manifestación de 400.000 personas recorriendo las calles de Barcelona en
octubre de 1977, saltó la alarma entre la patronal de que lo ocurrido en
Cataluña se extendiera por el resto del país como una mancha de aceite. Fue
cuando la partidocracia burguesa de derecha e izquierda se puso a temblar,
decidiendo cortar esta movida a sangre y fuego, utilizando todos los medios,
incluidos los ilegales, para evitar que el movimiento obrero a escala nacional
se alzara unido contra el proyecto de la burguesía y del gobierno.
Las
protestas en contra de los Pactos de la Moncloa tuvieron una gran extensión,
reflejando la oposición de los trabajadores a pesar del papel que jugaban las
direcciones sindicales de UGT y CCOO fuera de Cataluña. A lo largo de todo el
mes de noviembre se celebraron grandes manifestaciones en las principales
ciudades del país.
Así
fue cómo lo primero que acordaron hacer los demócratas cerrando filas en torno
al gobierno postfranquista, fue aislar a la CNT para conseguir que las
disidentes cúpulas catalanas de UGT y CC.OO. volvieran al redil de la
transición pactada. Los dirigentes de CCOO no tardaron mucho en seguir
vergonzosamente la postura de Carrillo, haciendo todo lo posible por
desmovilizar y desilusionar a los trabajadores. La dirección de UGT, que
inicalmente había rechazado la idea de un pacto social, tanto antes como
después de las elecciones de junio de 1977, comenzó a retroceder, manteniendo
una postura más ambivalente y afirmando que el PSOE había obtenido mejoras en
las condiciones de los acuerdos.
La
CNT se estaba quedando sola en la batalla y pasó a ser el único gran sindicato
que nucleaba un frente contra el pacto social en el que se agrupaba buena parte
de la izquierda radical, otros sindicatos de corte asambleario y algunos
movimientos sociales. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no
era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el
descontento social que inevitablemente iba a producirse.
En
estos años creció desorbitadamente el desempleo y se produjo un fuerte
incremento de la carestía de la vida. La calidad de la vida de los trabajadores
y de las clases populares sufrió un importante deterioro, que no tenía la
debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya habían
aceptado el pacto político y social y no deseaban poner en peligro lo logrado.
En estos momentos se percibía con claridad la posibilidad de un golpe de estado
militar que devolviera al pais a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la
izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio
fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de
crear un sindicalismo fuerte y autónomo.
En
diciembre de 1977 el gobierno de Suárez decretó la nueva ley de elecciones
sindicales para determinar la representatividad de los sindicatos. La no
delegación de las responsabilidades a través del voto llevaba a la CNT,
lógicamente, a no aceptar las elecciones sindicales, que además constituían (y
constituyen) la puerta de entrada a toda la corrupción sindical: subvenciones,
liberados, cargos remunerados, ejecutivismo, etc.
CNT
lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que
se estaba configurando. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales CC.OO. y
UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE, terminarían
asumiendo los Pactos de la Moncloa incluso con entusiasmo y hasta lo
proclamarían como una gran victoria de los trabajadores. Por todo esto, no se
podían dejar cabos sueltos que pudiesen poner en peligro el programa económico
pactado por los partidos políticos y poco después asumido por sus sindicatos
correspondientes.
Y
entonces llegó el 15 de enero de 1978, día en el que la anarcosindical había
convocado una nueva manifestación en Barcelona contra los Pactos de la Moncloa
y las elecciones sindicales y a la que acudirían unas diez mil personas.
Poco
después de finalizar la manifestación, la sala de fiestas barcelonesa
"Scala" comenzó a arder a causa de un artefacto explosivo; cuatro
empleados fallecieron, de los que tres eran afiliados a la CNT. No pasó mucho
tiempo hasta que los servicios de polícia acusaron al movimiento libertario de
estar detrás del incendio, lo que dio comienzo a una campaña de acoso,
desprestigio e intoxicación contra la CNT, amplificada por los medios de
comunicación.
El
caso Scala marcaría un punto de inflexión para el anarcosindicalismo y con el
comenzaría la crisis de la CNT y del anarquismo español en general. La
pesadilla había comenzado.
Pero
para el sindicalismo subvencionado la fiesta no había hecho más que conenzar
con el primer reparto del pastel. Al día siguiente de la manifestación, entre
el 16 de enero y el 6 de febrero de 1978, se celebrararon las primeras
elecciones sindicales a comités de empresa -CNT mantendría su acuerdo de no
participar- donde CCOO y UGT obtuvieron en conjunto más del 70% de los
delegados. Aún así, se produjo una notable abstención, mucha de la cual provino
del boicot que la CNT realizó. La abstención se calculó entre un 20% y una 60%
en Cataluña según el ramo, entre un 20% y un 40% en Valencia y de un 20% a un
30% en el resto del país.
A
través de la financiación estatal que recibían por la representación obtenida,
los privilegios concedidos como "sindicatos más representativos" y la
restricción creciente de los derechos democráticos internos de la afiliación,
se fue fortaleciendo una burocracia dirigente, cada vez más independiente de la
base afiliativa y de los trabajadores, y más dependiente del aparato estatal y
de la patronal. Las huelgas, a diferencia del período anterior, se daban ahora
sólo por motivos económicos y, a pesar de que las direcciones sindicales habían
aceptado los topes salariales, muchas movilizaciones se enfrentaron a la
pérdida de poder adquisitivo provocada por los Pactos de la Moncloa. Se
produjeron varias huelgas generales en la construcción y en el metal. Sin
embargo, el número de jornadas de huelga disminuyó sensiblemente en relación
con los años anteriores.
Los firmantes de los Pactos de la Moncloa que
condenaron a la clase trabajadora.
De izquierda a derecha: Enrique Tierno Galván (PSP),
Santiago Carrillo (PCE), Josep
María Triginer (PSC), Joan Reventós (CSC), Felipe
González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV),
Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo
Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (CiU).
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