Anarquía en la Memoria Histórica

Stuart Christie es un escocés que vino a matar a Franco y pasó 3 años en la cárcel
La batalla de Stuart Christie, un escocés que vino a matar a Franco y pasó 3 años en la cárcel. Ahora quiere que España le reconozca como víctima y airear el caso de dos compañeros ejecutados. Pero sus papeles se perdieron, la Administración no contesta…
El de Stuart Christie es un caso que parece sellado por silencio administrativo. O más bien por el silencio tras una larga correspondencia que combina lo burocrático y lo delirante. El caso de este escocés que participó en una conspiración para matar a Franco ilumina vericuetos anárquicos por los que camina la ley de Memoria Histórica.
Nacido en Glasgow, educado por su madre y su abuela, Christie ha escrito -su libro, ‘Franco me hizo terrorista’, lleva en inglés el título ‘Mi abuela me hizo anarquista’- que aprendió los valores del socialismo libertario en un domicilio familiar en el que los vecinos se ayudaban y donde el rigor democrático protestante de su abuela, Agnes, no incluía prejuicios. Se casó con un católico.
Ávido lector, Christie creció como un rebelde político en la ciudad posiblemente más izquierdista de Reino Unido. Se manifestó contra las armas nucleares, participó en debates y se decantó por el anarquismo, por la idea de una comunidad de iguales que no aspiran al poder, porque siempre corrompe.
España era, en la frontera de la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, el gran drama de la izquierda tras el fin de la guerra mundial, el país europeo en el que se mantenían en el Gobierno quienes apoyaron el fascismo de los años treinta. Christie marchó a Londres y a través de grupos libertarios británicos conoció a anarquistas españoles exiliados en la capital.
Su disposición a participar en la resistencia antifranquista lo convirtió en enviado ideal para una misión planeada por Defensa Interior, un grupo dedicado a la acción directa formado por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Aunque sus bombas no perseguían causar víctimas, querían matar a Franco.
Un año antes de que Christie viajase de Londres a París para ponerse en contacto con la red que fraguaba la conspiración, el régimen español había ejecutado mediante garrote vil a dos inocentes. Joaquín Delgado, de 29 años, hijo de exiliados españoles en Francia, y Francisco Granado, emigrante económico, pagaron con su vida por dos atentados contra la Dirección General de Seguridad y el sindicato vertical.
Las bombas explotaron antes de lo previsto y causaron veinte heridos leves. Antonio Martín y Sergio Hernández se han inculpado ante los tribunales españoles en su intento, hasta ahora inútil, para que se revise el caso y se anulen las sentencias contra Delgado y Granado. Los procesos judiciales solo han servido hasta ahora para que la viuda de Granado reciba la indemnización -6.000 euros- estipulada en la ley de Memoria Histórica. Se la negaban porque su marido no pasó al menos tres años en la cárcel, como dice la norma, sino que fue ejecutado a los 17 días de su condena.
En agosto de 1964, Stuart Christie entró en España con 18 años recién cumplidos y varios paquetes de explosivos que le habían encomendado para su entrega a una persona con la que tendría cita en Madrid. Iba vestido para el invierno de Glasgow más que para el mes más caluroso del verano español y viajó en autoestop en un camión de cuyo conductor ya sospechó como posible policía.
La misión fue una chapuza. Christie fue detenido nada más llegar a la capital española. La red anarquista estaba infiltrada por la Policía. Fue juzgado, junto a su contacto en Madrid, por un consejo militar sumarísimo y condenado a veinte años de cárcel. Salió a los tres. El Gobierno dijo que le aplicaba la medida de gracia por las peticiones de su madre. Había también una campaña internacional.
Kafka en la oficina
Christie vive ahora en una apacible villa costera del sur de Inglaterra, Hastings. Tras una larga biografía como activista del anarquismo, concluía su autobiografía en 2004, expresando «un profundo sentido de alivio y satisfacción por el hecho de que no tengo la sangre o la vida de nadie en mi conciencia, ni siquiera la de Franco». Es editor y mantiene sus amistades españolas de aquellos tiempos.
Octavio Alberola, que fue el coordinador de Defensa Interior, y Antonio Martín, que colocó las bombas de 1963, forman parte del grupo que busca la revisión del proceso contra Delgado y Granado. Y Christie mantiene desde hace dos años correspondencia con las instituciones españolas para que le reconozcan como víctima del franquismo y sobre todo para airear el caso de los dos compañeros ejecutados.
La correspondencia comenzó el 22 de junio de 2009. El anarquista escocés envió a la directora de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura (OVGCD), Margarita Temprano, la solicitud de Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal que la ley de Memoria Histórica de 2007 ofrece a condenados por tribunales que, como el Consejo Militar que sentenció a Christie, la ley considera ilegítimos.
El solicitante envió la documentación que avalaba su reclamación y un mes después la OVGCD le notificó que estaba investigando su caso. Un mes más tarde, la misma oficina de víctimas le escribió para decirle que su expediente ya estaba completo y que, antes del 10 de enero de 2010, cuando concluía el plazo fijado en la ley, se le notificaría la resolución. Stuart Christie no recibió nada. Pero, el 1 de julio de 2010, le llegó una carta del Ministerio de Interior donde se incluía otra del de Defensa, en la que éste comunica a otro departamento de la administración lo siguiente: «En relación con el escrito de referencia, examinados los instrumentos de descripción de los fondos documentales y listados onomásticos de las publicaciones oficiales relacionados con el objeto del escrito, informo a Vd. que no han aparecido datos del personal del asunto».
Cartas a 3 ministros
Defensa no podía encontrar ningún papel de un tribunal militar cuya sentencia dio la vuelta al mundo. Christie escribió al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y a la directora de la OVGCD para recordarles que no le habían enviado la resolución y notificarles de la recepción de la extraña misiva de Interior-Defensa. Ninguno de los dos dignatarios respondió a la carta.
Escribió al vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en octubre de 2010. No recibió respuesta. En diciembre, el Servicio de Comunicación Ciudadana del Ministerio de Justicia le notificó que estaba «trabajando en buscar todos los antecedentes documentales» para resolver el expediente. En enero de 2011, escribió al ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y, en febrero, el director adjunto de su Gabinete, Carlos García de Andoin, le confirmó que se estaba «recabando información».
El 22 de febrero, una carta de la Dirección de Instituciones Penitenciarias llegó a Hastings informando a Christie de que se habían encontrado los documentos de su caso, los mismos que él había enviado en 2009 para avalar su solicitud. Hasta hoy. Ha escrito de nuevo al ministro Jáuregui y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidiendo una explicación. Las gestiones de este periódico ante la Administración para interesarse por el caso no han recibido ninguna respuesta.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110620/sociedad/destacados/anarquia-memoria-historica-20110620.html