«Una vez más un asesino
convicto y confeso, miembro del
ultraderechista Batallón Vasco Español y
de Fuerza Nueva, condenado a 43 años por secuestro, tortura y
asesinato de una joven de 19 años, sigue prestando servicios por instituciones
y altas esferas del poder», han criticado los familiares y amigos de la
víctima.
Con una identidad falsa, el exmilitante
de FuerzaNueva y verdugo de Yolanda González, Emilio Hellín Moro,
prestó servicios para el Ministerio
de Interior. Después de que su vida oculta quedara a cuerpo descubierto,
las empresas del informático ultraderechista han trabajado en causas de
renombre como por ejemplo el caso Bretón,
el espionaje a una pequeña población de Andalucía y la realización de cursos en
la Universidad Autónoma de Madrid y
en la Diputación onubense.
Esta semana ha resurgido su nombre al ser contratado por los concejales del PP en el
Ayuntamiento de Valencia imputados por blanqueo a petición del ex letrado de Fuerza Nueva y
cuñado de Rita Barberá, José
María Corbín.
Toc, toc!, se escuchó. Yolanda González, una joven militante
del Partido Socialista de los
Trabajadores (PST), una escisión del PSOE, abrió la puerta cuando el sol
se escondía. Sola en el piso que compartía con su novio y con otra
militante del PST, se encontró en la puerta con unos falsos policías que
formaban parte de un comando
del Batallón Vasco Español. González fue interrogada,
torturada y secuestrada hasta un descampado por los también integrantes de la
ultraderechista Fuerza Nueva. Emilo Hellín, uno de los militantes de la formación que
dirigía Blas Piñar, le pegó dos
disparos a la cabeza. La joven, rematada por el disparo de gracia del
fascista Ignacio Abad, se añadió en un triste 1 de febrero de 1980 al listado
de víctimas del terrorismo de
extrema derecha durante la transición española.
37 años después, sin embargo, el verdugo
de la militante de izquierdas ha devuelto al foco mediático. La defensa de
los concejales del PP en el
Ayuntamiento de Valencia imputados por blanqueo de capitales ha
contratado al ultra Hellín. Todo, con el objetivo de que realice una pericial que invalide la
grabación telefónica que destapó una trama que implica al grupo municipal
popular y a José María Corbín. De hecho, el mismo Corbín pidió
hacer una colecta para pagar el asesino de Yolanda González.
Aun así, los negocios como perito
del excriminalultraderechista no son nuevos. Desde que El País destapó su
identidad falsa, el informático ha participado en los juicios mediáticos del asesinato de los hermanos Bretón,
en un caso de espionaje del PP al PSOE en
un pequeño municipio andaluz y en la muerte de un letrado relacionado con la
mafia georgiana y el narcotráfico gallego. Protegido durante un
tiempo por el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner en Paraguay,
Hellín asesoró a los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado con un pseudónimo.
A sueldo de
Interior
La confesión del policía implicado en el
asesinato de González, Juan Carlos Rodas, al comisario Francisco de Asís
destapó la autoría del crimen perpetrado por los militantes
de ultraderecha. Hellín fue
condenado a 43 años de prisión por matar a la joven militante
del PST. Pero sólo acabaría
cumpliendo 14. Después de fugarse aprovechando
un permiso penitenciario que cuestionó la misma fiscalía y las autoridades
carcelarias, Hellín inició sus negocios en el Paraguay del dictador militar Alfredo Stroessner. No en vano,
prestó sus servicios de informática al régimen fascista como asesor en telecomunicaciones e informática (1988-1989)
del comandante en Jefe del Estado Mayor del Ejército y del director general de
la policía del país latinoamericano. Hellín, finalmente, fue entregado a la
justicia española en 1990.
Cuando el asesino de extrema derecha
salió de la prisión, creó una serie de empresas para aprovechar sus conocimientos de informática y
los contactos con los diferentes
cuerpos de seguridad del Estado. Su hermano, Juan José Hellín, es Guardia Civil y
militar de carrera sin ir más lejos. Además, el ultra había presumido de sus
relaciones con la Brigada
Operativa de la policía española en un contexto donde los vínculos
entre la ultraderecha y los sectores de las fuerzas de seguridad
más recalcitrantes eran habituales.
Hellín impulsó las mercantiles Net
Computer Forensics S.L., Net Computer Store y New
Technologics Forensics con la identidad falsa de Luis Enrique Hellín Moro. A pesar de ser
apoderado de Net Computer Forensics, según los datos consultados por este
semanario, en la web de la sociedad no aparece su nombre entre el equipo
forense. En cambio, el de su hermano sí que está.
Estas empresas, según admitió el
mismo Ministerio de Interior,
asesoraron el servicio de criminalística del instituto armado,
participaron en investigaciones judiciales sobre terrorismo y delincuencia e
impartieron cursos a la policía española, el Ministerio de Defensa, la Ertzaintzay los Mossos d’Esquadra. También
dieron conferencias a
las fuerzas de seguridad estatales en organismos oficiales.
El descubrimiento de estos vínculos entre el excriminal y el
Ministerio de Interior provocó las quejas de los familiares y
amigos de González. En una reunión con el ministro competente, el salpicado por
las cloacas del Estado contra
Cataluña Jorge Fernández Díaz, les informó que el exmilitante de Fuerza Nueva había facturado en 15 ocasiones
al Gobierno español entre los años 2006 y 2011 por un valor de 144.000 euros. «No nos enseñó ninguna factura oficial, ni nos
entregó ninguna documentación. Nos lo dijo de palabra», recuerda de
forma crítica a EL TEMPS Enrique del Olmo, amigo de la víctima asesinada por la
extrema derecha. «La documentación,
además, tenía poco rigor. Una de las empresas que nos nombraron no existía»,
denuncia, tal como censuró en aquel momento Asier González, hermano de la militante del PST.
Las promesas del exsecretario de Estado de Seguridad y
ahora manchado por la guerra policial entre excomisarios de la brigada
política contra el proceso, Francisco
Martínez, de seguir investigando aquel turbio asunto no se han cumplido.
Esquerra Republicana de Cataluña y Izquierda Unida exigieron
explicaciones sobre aquellas contrataciones. Sin respuesta a los grupos
parlamentarios y sin conocimiento que la investigación de Interior fuera más
extensa de la realizada en aquel momento, el PP vetó en el Congreso la comparecencia de Fernández Díaz para
dar más detalles del asesoramiento del asesino a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en 2014.
Pero no sólo asesoró a los cuerpos
superiores de seguridad. El ultra de extrema derecha también enseñó a la policía local de Madrid. Hellín fue
profesor del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias. El
organismo, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, lo contrató en 2011, con el
popular Alberto Ruiz Gallardón como
alcalde. Gallardón, que fue ministro de Justicia desde finales del 2011 hasta
2014, llevó el ataúd del ex-ministro franquista José Utrera Molina.
El asesino de González cobró 80 euros por clase impartida, con un total de
2.000 euros percibidos por 25 clases. La policía local onubense también recibió docencia del ultra a
través de dos cursos de formación organizados por la Diputación onubense en
2007, en manos del PSOE.
Asesinatos,
espionaje y lavado de dinero
Hellín, además, también es un asiduo de
los juzgados. Eso sí, no
por causas judiciales pendientes. El ultra ofrece a través de sus
empresas servicios de peritación.
La causa de más renombre en la cual participó fue el asesinato de los hermanos Bretón, a manos de su
padre. La acusación particular del caso lo contrató para realizar una
investigación de las llamadas de José Bretón, el progenitor que mató a sus
dos hijos pequeños.
El exmilitante
de Fuerza Nueva también fue protagonista en otro juicio con muertos.
Hellín junto con su hijo, Jesús
Hellín –con una condena por
abusos sexuales a una menor a las espaldas-, presentaron un informe para
exculpar a los verdugos del abogado Alfonso
Díaz Moñux. El letrado recibió varios disparos cuando entraba en su
garaje. Díaz Moñux había representado legalmente a narcotraficantes gallegos como
por ejemplo Laureano Oubiña -el día del asesinato lo pasó con la hija
del capo- y a miembros de la mafia georgiana cómo Zakhar Kalashov.
Los servicios del ultraderechista han
ido más allá de la peritación, del asesoramiento y de impartir conferencias como
por ejemplo las realizadas en unas jornadas de la Universidad Autónoma de Madrid en 2012. Hellín espió al secretario
general del PSOE de Valverde del Camino, Pedro Domínguez, a petición de
la alcaldesa del PP,
Dolores López Gabarro. Según denunció Domínguez, «no entendía como se dedicaba dinero público a investigar la vida privada
de un funcionario y ciudadano». A pesar de exigir el coste de aquellos
servicios de espionaje, la alcaldesa no hizo públicas las cifras.
Esta semana Hellín ha vuelto a ser protagonista
por el caso Taula. «Una vez
más un asesino convicto y confeso, miembro del
ultraderechista Batallón Vasco Español y
de Fuerza Nueva, condenado a 43 años por secuestro, tortura y
asesinato de una joven de 19 años, sigue prestando servicios por instituciones
y altas esferas del poder», han criticado los familiares y amigos de la víctima. «Exigimos una vez más
que se pare inmediatamente cualquier tipo de contratación de Emilio Hellín Moro
para causas judiciales, instituciones y cuerpos de seguridad del Estado», han
solicitado. El asesino de ultraderecha, sin embargo, sigue impasible con sus
negocios.
Moisés Pérez
Fuente: El Temps
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