LOS MALAGUEÑOS DE MAUTHAUSEN

Desde el final de la Guerra Civil española, la gran mayoría de los exiliados republicanos y revolucionarios se refugiaron en Francia y fueron internados en campos de refugiados próximos a la frontera española. La mayor parte de ellos se alistó luego en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, dirigidos por el mando militar francés, o participaron en las actividades clandestinas de la Resistencia gala, tras la ocupación alemana. Los que tuvieron la desgracia de ser capturado ejercitando algún tipo de actividad contra el ejército de ocupación fueron enviados a diversos campos de concentración, particularmente al centro austriaco de Mauthausen.
Sobre la gran puerta que accedía al recinto había colocado un frontal en el que se podía leer: “Vosotros que entráis, dejad aquí toda esperanza”.
-El infierno de Mauthausen-
Pocas semanas después de producirse en 1938 la anexión de Austria por Alemania, se empezó a construir en el municipio austriaco de Mauthausen un campo de concentración destinado para los adversarios declarados del régimen nacional- socialista. La entrada del campo estaba coronada por una enorme águila hitleriana y sobre la gran puerta que accedía al recinto había colocado un frontal en el que se podía leer: “Vosotros que entráis, dejad aquí toda esperanza”. Con el paso de los meses, se convirtió en uno de los centros con mayor mortandad del Reich alemán, al servirse, sobre todo, de los prisioneros para la realización de trabajos, en unas condiciones inhumanas, en la cantera que existe en el lugar.
De los 200.000 presos que entraron en el campo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de ellos murieron por la fatiga física derivada de los durísimos trabajos a que eran sometidos, la deficiente alimentación y las devastadoras epidemias causadas por las infrahumanas condiciones higiénicas del campo. En muchas ocasiones fueron torturados hasta la muerte, matados a tiros por los guardias de las SS o ahogados en las cámaras de gas de Mauthausen, en el campo dependiente de Gusen o en el Instituto de Eutanasia de Hartheim. Por este lugar pasaron más de 7.000 republicanos y revolucionarios españoles y sólo alrededor de 2.000 sobrevivieron a los años de cautiverio, convirtiéndose en el campo nazi que vio morir a más españoles en este período.
Mauthausen no fue un campo en el que se aplicase la “solución final” contra los judíos, como lo fueron Auschwitz, Sobibor o Treblinka, pero sí se puede catalogar como centro de exterminio por el uso de las cámaras de gas y los extenuantes trabajos forzados que sufrieron los prisioneros que llegaron a él. A ello se añade los numerosos casos de experimentación médica con humanos, que hizo que miles de personas fueran utilizadas como cobayas por parte de médicos alemanes para comprobar, por ejemplo, la eficacia de las inyecciones letales.
A partir del campo central de Mauthausen, se fue desarrollando gradualmente, y de manera reforzada en el año 1943, un complejo sistema de campos dependientes, a los cuales los prisioneros fueron distribuidos y forzados, principalmente, al trabajo en la industria del armamento.
Estos campos desarrollaron su actividad en dos fases. Una primera sería el exterminio puro y simple, que va desde su creación en 1939 hasta el año 1942. La segunda fase, hasta el 7 de mayo de 1945 en que quedó liberado el campo, se organizaba a base de trabajos de esclavo, debido a las necesidades crecientes de la guerra.
-Los cerdos del capitán-
La forma como los responsables del campo de Mauthausen lograron deshacerse de muchos de los allí confinados fue mediante la innecesaria construcción de un escalinata de 186 peldaños que la hacían subir cargados de enormes piedras procedentes de una cantera que estaba situada en el nivel más bajo del campo, con el fin de aumentar la penalidad y fatigas de su ascenso; las condiciones insalubres del campo, una insuficiente alimentación y la mala asistencia médica hacieron el resto.
Imagen de la escalinata de 186 peldaños que los judíos habían de subir diariamente cargados de enormes piedras.
Según dejaron escrito en su libro Los cerdos del capitán Eduardo Pons Prados y Mariano Constante (Editorial Argos/Vergara, 1978), “los judíos, nada más entrar en el campo, eran enviados a la llamada Sección Disciplinaria, que era la de los hombres encargados de subir las piedras durante toda la jornada, a un ritmo demoledor. Cada mañana, antes de empezar a acarrear piedras, los SS encargados de vigilarlos preguntaban si había algún voluntario para el suicidio, arrojándose escaleras abajo. A estas barbaridades, como es lógico, nadie respondía, pero después del primer viaje de piedras, volvían a repetir la pregunta. Entonces, algunos de ellos, desesperados, se lanzaban al vacío. Y así cada viaje”.
-Ciento cuarenta y dos malagueños- 
En el campo de Mauthausen, durante seis años fueron maltratadas, humilladas, escarnecidas y reducidas a peleles humanos por agotamiento físico criaturas de diferentes nacionalidades, y también de España… y muchos malagueños. Aunque se tenía constancia de que muchos paisanos nuestros habían sido internados en ese campo en concreto, hasta hace relativamente poco tiempo desconocíamos el número de los que no llegaron a salir con vida de él: 142 malagueños no lograron escapar de aquel infierno.
Ninguno de esos 142 pudo sobrevivir a aquel horrendo holocausto, pero quienes lograron salir con vida de aquel ignominioso cautiverio se unieron en la Internacional Amical Mauthausen, no sólo para dar a conocer al mundo los horrores de la etapa que vivieron, sino para rendir homenaje a los compañeros que fueron víctimas del sistema represor que los estuvo masacrando de manera tan impune.
Se sabía que muchos malagueños encontraron la muerte en este campo de concentración, pero se ignoraban sus nombres y lugar de nacimiento. Esta relación de 142 personas formaba parte del material literario y gráfico de la exposición que, con motivo de unas Jornadas sobre Racismo y Medios de Comunicación, se abrió en la Facultad de Ciencias de la Información de Málaga, desde el 28 de enero de 1997 hasta el 15 del siguiente mes.
Los malagueños que dejaron su existencia en el campo de Mauthausen eran oriundxs de Málaga capital y de 44 pueblos de su provincia, así como de las barriadas de Churriana y Olías y pedanía de Gibralgalia.
Por el número de muertes, a la cabeza figura la capital con 38 personas; segunda, Antequera, con 11; Vélez-Málaga, con 7; Marbella, con 6; Carratraca, con 5; Ronda y Ardales, con 4, y, entre 1 y 3, pueblos, pedanías y barriadas, como Fuengirola, Nerja, Alhaurín el Grande, Cortes de la Frontera, Campillos, San Pedro de Alcántara, Valle de Abdalajís, Jimera de Líbar, Genalguacil, Gaucín, Arriate y Arenas.
De los 200.000 presos que entraron en el campo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad de ellos murieron por la fatiga física derivada de los durísimos trabajos a que eran sometidos, la deficiente alimentación y las devastadoras epidemias causadas por las infrahumanas condiciones higiénicas del campo.
Los malagueños de la capital muertos, con los posibles errores que puedan existir en el orden y grafía de los apellidos, por haber sido tomados muchas veces de oído por compañer@s del mismo campo de exterminio, son los siguientes:
José Domingo Cruz de la Diego, Eduardo Brandi Martín, Antonio Díaz Salas, Cristóbal Díaz Villega, Andrés Díaz Valderrama, José Cobos Sánchez, Eduardo Nieto González, Manuel Rojas Palomo, Laureano Vallejo Román, Lázaro Sardá Cánovas, Juan Ruiz Alguera, Manuel Sánchez Rodríguez, Francisco Pérez Sánchez, José Romero García, Francisco Román Román, Manuel Ramírez Vaca, Enrique Ríos Llorente, Manuel Silva Cabello, Francisco Benítez Mariano, Juan Vicario Román, José Pérez Bardenas, Antonio Sepúlveda Rueda, Manuel Martínez Jiménez, Lorenzo Torres Hijora, Antonio Solves Laborda, Emilio Moreno Medrano, Andrés Montiel Lucas, Rafael Montillo Vaquero, Ángel Palomar Caladrín , Antonio Pérez Burgos, Eduardo Díaz Lagos, José Gil Molina, Luís García López, Manuel Méndez Molina, Francisco Fernández Vidal, Tomás Gil Guillén, Eduardo Nieto Ramírez y Ramón Lozano Martínez.
-De la provincia-
La relación de malagueños muertos en Mauthausen de las barriadas, pedanías y pueblos de la provincia totalizan, como ya se ha comentado más arriba, 104 personas. Las fechas de sus muertes se anotan en 1940, 1941, 1942 y 1943, y, de estos años citados, corresponde el mayor número de víctimas a 1941, con 84 muertos.
Alameda: Juan Corredera Pérez.
Alhaurín el Grande: Pedro Rueda Vázquez.
Almáchar: Adolfo España López. 
Almogía: Pedro Leiva Pino y Pedro Díaz González. 
Álora: Antonio Ramos Sánchez, Juan Rodríguez Gil, Antonio Díaz Gutiérrez.
Antequera: Francisco García Villalón, Antonio García Méndez, Francisco Lara Moreno, José Hidalgo Reguero, Antonio Muñoz Guerrero, José Navarro Bravo, Antonio Morea Lara, Francisco Zurita Cuenca, Juan Martín Padilla, Rafael Rubio García y Antonio Escobar Navarro.
Archidona: Serafín Suárez Luque y Manuel Pena Lara. 
Ardales: Antonio Trigo Ortega, Joaquín Cantalejo Sánchez, Juan Rodríguez Naranjo y Pedro Sánchez Muñoz. 

Arenas: Antonio Ariza Hurtado. Arriate: Juan López Sánchez. 
Benagalbón: Lucas Carne Escaño, Manuel Montaner Amaya y Bernardo Ruiz Rodríguez
Benamargosa: Antonio Hijazo Clavera y Antonio Gómez Jiménez. Juan Gutiérrez Pera.
Campanillas: Francisco Suárez Cánovas.
Campillos: Juan Verdún Verdún.
Canillas de Albaida: Celedonio Gallardo Pérez.
Cañete la Real: Francisco Rodríguez Navarro, Antonio Braceo Martín y José Gómez Gómez
Carratraca: Miguel Guerrero Casido, Federico Aureoles Rubín, Juan Ponce López, Salvador Moreno León, Miguel Guerrero Rodríguez y José González Jiménez.
Cartaojal: Manuel Carvajal Vázquez.
Casarabonela: Diego Cantarero Ballestero.
Comares: Miguel Bustos Muñoz.
Cortes de la Frontera: Sebastián Aguilar García, Antonio García Arillo y Manuel Vega Gutiérrez.
Cuevas Bajas: José Gómez Artacho y Andrés Cruz Valle, Sebastián Aguilar García, Antonio García Arillo y Manuel Vega Gutiérrez. José Gómez Artacho y Andrés Cruz Valle.
Cuevas del Becerro: Rafael Villarejo Nieblas y Francisco Perujo González.
Cártama: Francisco Gómez Cañete.
Churriana: Francisco Castillo Briales.
Estepona: Antonio Guerrero Reyes, Francisco Berrocal Palacios.
Fuengirola: José Marfil Escalona, José Leyva González y Francisco Díaz Burgos.
Gaucín: Andrés Ortega Mateos y Cristóbal Tineo Vázquez.
Genalguacil: Juan Rodríguez Trujillo y Domingo Trujillo Herrera.
Gibralgalia: Juan Gómez Marcilla.
Guaro: Diego Ruiz Agüera y Felipe Fernández Sánchez.
Igualeja: Lisboa Ruiz González.
Istán: Francisco Granados Ortiz y Gonzalo Granados Ortiz.
Jimera de Líbar: Fernando Téllez Carrasco, Juan Téllez Moreno y Domingo García López.
Junquera: José Mateo Rivas y Antonio Piñeiro Mateo.
Marbella: Manuel Pérez Matera, Miguel Morelló Cerece, José Martín Bizano y Andrés López Cubas.
Nerja: Antonio Cerezo Cutilla. 

San Pedro de Alcántara: Álvaro Mayen Cuellas.
Torrox: Antonio Rico Rodríguez.
Totalán: Francisco Montaner Castillo.
Valle de Abdalajís: Juan Castillo Pérez, Antonio Rico Rodríguez. Francisco Montaner Castillo.
Vélez-Málaga: Juan García Fernández, Francisco Jiménez Salido, Antonio Pérez Galindo, Juan Pérez Díaz, José Martín Ortiz, Juan García Quintana y Antonio Gálvez Gálvez.
El afán de los dominadores era reducir a los deportados, por una doble acción física y moral, a la condición de bestias antes de hacerlos morir.
-Absurdo universo-
En los campos de exterminio, no existía ninguna posibilidad de redención, perdón, piedad ni ley. El afán de los dominadores era reducir a los deportados, por una doble acción física y moral, a la condición de bestias antes de hacerlos morir. Y ello, por distintos procedimientos: la degradación física por agotamiento, la sed y el frío, en interminables esperas en las noches de invierno, desnudos en la nieve, para pasar una revista médica; por falta de descanso, por los golpes que les llovían por todas partes.
A todos estos posibles azares hay que unir la degradación moral que, al actuar sobre organismos debilitados, creaba un estado de angustia perpetua, una soledad de tensión en medio de elementos hostiles. En este universo espantoso, absurdo y perverso, sin norte preciso, sin seguridad, sin justicia, sin esperanza, en donde todo era posible.
Fuente: G.A.S. (Grupo de Acción Social)

 Teresa Sánchez Sarria
Extraido de: http://www.gibralfaro.uma.es/historia/pag_1699.htm

¿Qué eran y son los pactos de la Moncloa y porque CNT no los firmo?

Los Pactos de la Moncloa

Federación Local de Sindicatos de Madrid

 
El franquismo tuvo el acierto, el poder y los medios para comprar, absorber, aglutinar y corresponsabilizar de la nueva situación «democrática» a toda una clase política ansiosa por recibir prebendas, cargos y negocios. Sin olvidar una no menos inteligente política de institucionalización de antiguas y nuevas organizaciones sindicales cuyos dirigentes se aplicaron con ansias renovadas a la burocratización con cargos remunerados, al apaciguamiento de unos trabajadores que esperaban más y más y al engaño y a la estafa bajo diferentes ideales. En definitiva, estaban dando por bueno el postfranquismo y pactaban con él.

En medio de una fuerte conflictividad social tuvo lugar el 25 de octubre de 1977 la firma de los Pactos de la Moncloa. Estos acuerdos fueron firmados en el Palacio de la Moncloa entre el Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Estos pactos supusieron la imposición definitiva -por parte las elites políticas y económicas- de la reforma política sobre la ruptura con el franquismo.

Los pactos fueron aprobados por el Parlamento el día 27 del mismo mes y podían dividirse en dos paquetes: el político (Programa de Actuación Jurídica y Política) y el económico (Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía). El económico a su vez podía dividirse en las medidas urgentes (contra la inflación y el desequilibrio exterior) y las reformas necesarias a medio plazo para repartir los costes de la crisis (ya que no sería bonito que pagasen sólo los que habían estado robando durante 40 años).

Con anterioridad, Adolfo Suárez había sostenido conversaciones con Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE), después de constituirse las Cortes Generales tras las elecciones del 15 de junio de 1977, con el fin de sondear la posibilidad de un acuerdo de estabilidad.

La demagogia y la política del miedo también jugaron un papel importante. Según Santiago Carrillo, con el acuerdo se iba a sacar al país de la crisis en el plazo de un año y medio; mientras que otros personajes del momento aludían al riesgo de un posible golpe de estado si no se alcanzaban unos acuerdos de mínimos.

De cualquier manera, mientras los partidos socialista y comunista pudieron implantarse en el nuevo escenario político, el movimiento sindical fue dejado al margen de la reforma, como meras correas de transmisión. Materias cruciales que afectaban a la capacidad de los nuevos sindicatos para reclutar afiliados y negociar fueron subordinadas al establecimiento de la estructura política de la nueva democracia parlamentaria.

El Ministro de Economía y Hacienda, Enrique Fuentes Quintana, trató de llegar a un acuerdo con los sindicatos para que aceptasen la moderación salarial y el equilibrio presupuestario y así poner freno el alto nivel de conflictividad social. Incialmente, la UGT y la CNT rechazaron el acuerdo, así como también algunas secciones sindicales de Comisiones Obreras.

Consecuencias de los Pactos de la Moncloa

Los Pactos de la Moncloa crearían las condiciones sociales para la Constitución de 1978, que consagraría la inviolabilidad de la propiedad privada de los medios de producción y la economía de mercado. Si la futura Constitución tenía una gran importancia en lo que se refería a establecer las reglas básicas del juego político, el pacto social tendría una importancia también trascendental, ya que sería lo que permitiría reconstruir la paz social y la disciplina en el mundo del trabajo español. Algo sin duda imprescindible en un país en donde la clase obrera había adquirido una gran capacidad de autoorganización capaz de sobrepasar a comités y burocracias sindicales, que era consciente de su fuerza real y que había adquirido una considerable experiencia de lucha en las condiciones extremadamente duras de los últimos años del franquismo. El pacto social era la herramienta necesaria para restablecer una situación de sometimiento, imprescindible para afrontar una crisis económica que se pensaba resolver con un ajuste duro que, por supuesto, debían pagar los trabajadores.

Hay que destacar que una parte fundamental de estos acuerdos sería como controlar al movimiento obrero y a los sindicatos al margen de CCOO y UGT, es decir a la CNT. Fue aquí por lo tanto donde se creó y preparó la colaboración de clases (concertación social), para lo que se tomó como ejemplo la socialdemocracia alemana. Finalmente se llegaría a un acuerdo sobre la negociación colectiva y la representación sindical con CCOO y la UGT.

Con los Pactos nacían los comités de empresa (sindicalismo de nuevo tipo) nefastos para la lucha no sólo en lo económico, sino también en lo organizativo y unitario como clase, ya que parcializaban las luchas empresa por empresa, cuando las luchas y las reivindicaciones eran globales. En realidad, los comités de empresa eran (y son) de naturaleza antisindical, puesto que la actividad sindical sólo consistía en depositar un voto en una urna cada cuatro años, y los trabajadores -supuestamente representados en su conjunto por el comité- no sentían la necesidad de organizarse para luchar por sus intereses.

En el terreno político, entre otras cosas, se acordó modificar las restricciones de la libertad de prensa y la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición parlamentaria el acceso a la información; se aprobaron los derechos de reunión, de asociación política y la libertad de expresión mediante la propaganda, tipificando los delitos correspondientes por la violación de estos derechos; se creó el delito de tortura; se reconoció la asistencia letrada a los detenidos y se despenalizó el adulterio y el amancebamiento.

En materia económica destacaba la flexibilización del régimen laboral, a través de mecanismos de contratación temporal (sobre todo de jóvenes) y mayores facilidades para el despido de personal, reconociéndose el despido libre para un máximo del 5% de las plantillas de las empresas; el derecho de asociación sindical; fijación en el 22% del límite de incremento de salarios (inflación prevista para 1978); reforma de la administración tributaria ante el déficit público y medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior.

Se acordó mantener el aumento de los salarios por debajo del nivel de inflación, lo que supuso un recorte del 7% del nivel de vida de los asalariados. A cambio, se prometieron algunas reformas sociales y económicas las cuales tardarían en llegar y otras nunca llegarían. Este fue el caso, por ejemplo, de la promesa de restituir a los sindicatos el "patrimonio sindical" -el enorme patrimonio acumulado por el sindicato vertical durante casi cuarenta años a través de la confiscación de las propiedades de UGT y CNT y las cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores- proceso que se demoraría durante largos años.

Con los Pactos de Moncloa se abría una nueva línea de acción sindicial, basada en el acuerdo, pero también en el secretismo de las negociaciones, que hurtaba a las masas el protagonismo  condenaba a la marginación a quienes no se sumbaban a estos acuerdos.

La CNT se opuso a estos acuerdos desde un primer momento, consciente de que representaban un coste muy elevado para la clase obrera, no sólo por la pérdida de derechos económicos y sociales para los trabajadores, sino también porque pretendían dar por cerrado el proceso de reforma política, poniendo punto final a las aspiraciones rupturistas y revolucionarias. La crítica anarcosindicalista a los Pactos representaba una amenaza tanto para las medidas de reajuste económico, que hacían recaer el peso de la crisis sobre una clase trabajadora combativa como la española, como para el modelo sindical impuesto.

Oposición frontal de la CNT

Durante el último tercio de 1977 la CNT fue construyendo una convergencia de las fuerzas sindicales y sociales que estuvieran contra el Pacto de la Moncloa y que en algunos momentos hizo dudar hasta las dinámicas sindicales de los aparatos y las cúpulas de CC.OO. y UGT.

En este contexto, el Comité Regional de Cataluña de la CNT tomó la iniciativa de proponer a los Comités de Cataluña de UGT y CC.OO., la formación de una mesa de análisis y discusión crítica conjunta del Pacto de la Moncloa. De estas jornadas que las delegaciones de los tres sindicatos catalanes desarrollaron durante el mes de septiembre y octubre de 1977, surgió el acuerdo de convocar a una manifestación en contra de los Pactos de la Moncloa, que tuvo lugar en Barcelona en octubre, y en la cual participaron 400.000 trabajadores. Fue este el primer y último acto unitario del movimiento obrero durante toda la transición.

De lo que se trataba con la manifestación era de desbaratar el pacto entre el estado y el conjunto de la burguesía que pretendía poner en cintura al conjunto del movimiento obrero español y disciplinarle al plan de estabilidad. Es decir, que se resignara a perder todo lo conquistado en la lucha contra el franquismo para recomponer las condiciones de la explotación de trabajo ajeno. La burguesía sabía que sin este consentimiento del movimiento obrero, la transición al chollo de la democracia era imposible.

 Y la gravedad del asunto no estribaba tanto en el propio radicalismo de la CNT, sino en que ésta había conseguido que su razón política gravitara sobre las secciones catalanas de UGT y CC.OO, haciendo posible que esa cualidad reivindicativa suya se trocara en cantidad superando las limitaciones ideológicas y organizativas del movimiento obrero en Cataluña. Por lo que ante la manifestación de 400.000 personas recorriendo las calles de Barcelona en octubre de 1977, saltó la alarma entre la patronal de que lo ocurrido en Cataluña se extendiera por el resto del país como una mancha de aceite. Fue cuando la partidocracia burguesa de derecha e izquierda se puso a temblar, decidiendo cortar esta movida a sangre y fuego, utilizando todos los medios, incluidos los ilegales, para evitar que el movimiento obrero a escala nacional se alzara unido contra el proyecto de la burguesía y del gobierno.

Las protestas en contra de los Pactos de la Moncloa tuvieron una gran extensión, reflejando la oposición de los trabajadores a pesar del papel que jugaban las direcciones sindicales de UGT y CCOO fuera de Cataluña. A lo largo de todo el mes de noviembre se celebraron grandes manifestaciones en las principales ciudades del país.

 Así fue cómo lo primero que acordaron hacer los demócratas cerrando filas en torno al gobierno postfranquista, fue aislar a la CNT para conseguir que las disidentes cúpulas catalanas de UGT y CC.OO. volvieran al redil de la transición pactada. Los dirigentes de CCOO no tardaron mucho en seguir vergonzosamente la postura de Carrillo, haciendo todo lo posible por desmovilizar y desilusionar a los trabajadores. La dirección de UGT, que inicalmente había rechazado la idea de un pacto social, tanto antes como después de las elecciones de junio de 1977, comenzó a retroceder, manteniendo una postura más ambivalente y afirmando que el PSOE había obtenido mejoras en las condiciones de los acuerdos.

La CNT se estaba quedando sola en la batalla y pasó a ser el único gran sindicato que nucleaba un frente contra el pacto social en el que se agrupaba buena parte de la izquierda radical, otros sindicatos de corte asambleario y algunos movimientos sociales. Pero lo que convertía a la CNT en un peligro potencial no era su fuerza en aquel momento, sino su posible capacidad para encauzar el descontento social que inevitablemente iba a producirse.

En estos años creció desorbitadamente el desempleo y se produjo un fuerte incremento de la carestía de la vida. La calidad de la vida de los trabajadores y de las clases populares sufrió un importante deterioro, que no tenía la debida respuesta porque las fuerzas mayoritarias de la izquierda ya habían aceptado el pacto político y social y no deseaban poner en peligro lo logrado. En estos momentos se percibía con claridad la posibilidad de un golpe de estado militar que devolviera al pais a la situación anterior. Ante esa disyuntiva la izquierda mayoritaria prefirió pactar para conservar lo conquistado y el precio fue hipotecar la fuerza de los trabajadores y renunciar a la posibilidad de crear un sindicalismo fuerte y autónomo.

En diciembre de 1977 el gobierno de Suárez decretó la nueva ley de elecciones sindicales para determinar la representatividad de los sindicatos. La no delegación de las responsabilidades a través del voto llevaba a la CNT, lógicamente, a no aceptar las elecciones sindicales, que además constituían (y constituyen) la puerta de entrada a toda la corrupción sindical: subvenciones, liberados, cargos remunerados, ejecutivismo, etc.

CNT lideraba un gran movimiento social y cultural que no encajaba en el sistema que se estaba configurando. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, en perfecta sintonía con los criterios del PCE y el PSOE, terminarían asumiendo los Pactos de la Moncloa incluso con entusiasmo y hasta lo proclamarían como una gran victoria de los trabajadores. Por todo esto, no se podían dejar cabos sueltos que pudiesen poner en peligro el programa económico pactado por los partidos políticos y poco después asumido por sus sindicatos correspondientes.

Y entonces llegó el 15 de enero de 1978, día en el que la anarcosindical había convocado una nueva manifestación en Barcelona contra los Pactos de la Moncloa y las elecciones sindicales y a la que acudirían unas diez mil personas.

Poco después de finalizar la manifestación, la sala de fiestas barcelonesa "Scala" comenzó a arder a causa de un artefacto explosivo; cuatro empleados fallecieron, de los que tres eran afiliados a la CNT. No pasó mucho tiempo hasta que los servicios de polícia acusaron al movimiento libertario de estar detrás del incendio, lo que dio comienzo a una campaña de acoso, desprestigio e intoxicación contra la CNT, amplificada por los medios de comunicación.

El caso Scala marcaría un punto de inflexión para el anarcosindicalismo y con el comenzaría la crisis de la CNT y del anarquismo español en general. La pesadilla había comenzado.

Pero para el sindicalismo subvencionado la fiesta no había hecho más que conenzar con el primer reparto del pastel. Al día siguiente de la manifestación, entre el 16 de enero y el 6 de febrero de 1978, se celebrararon las primeras elecciones sindicales a comités de empresa -CNT mantendría su acuerdo de no participar- donde CCOO y UGT obtuvieron en conjunto más del 70% de los delegados. Aún así, se produjo una notable abstención, mucha de la cual provino del boicot que la CNT realizó. La abstención se calculó entre un 20% y una 60% en Cataluña según el ramo, entre un 20% y un 40% en Valencia y de un 20% a un 30% en el resto del país.

A través de la financiación estatal que recibían por la representación obtenida, los privilegios concedidos como "sindicatos más representativos" y la restricción creciente de los derechos democráticos internos de la afiliación, se fue fortaleciendo una burocracia dirigente, cada vez más independiente de la base afiliativa y de los trabajadores, y más dependiente del aparato estatal y de la patronal. Las huelgas, a diferencia del período anterior, se daban ahora sólo por motivos económicos y, a pesar de que las direcciones sindicales habían aceptado los topes salariales, muchas movilizaciones se enfrentaron a la pérdida de poder adquisitivo provocada por los Pactos de la Moncloa. Se produjeron varias huelgas generales en la construcción y en el metal. Sin embargo, el número de jornadas de huelga disminuyó sensiblemente en relación con los años anteriores.

Los firmantes de los Pactos de la Moncloa que condenaron a la clase trabajadora.

De izquierda a derecha: Enrique Tierno Galván (PSP), Santiago Carrillo (PCE), Josep

María Triginer (PSC), Joan Reventós (CSC), Felipe González (PSOE), Juan Ajuriaguerra (PNV),

Adolfo Suárez (UCD), Manuel Fraga (AP), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) y Miquel Roca (CiU).

http://madrid.cnt.es/noticia/los-pactos-de-la-moncloa

Los principios del sindicalismo revolucionario (AIT)

1. El sindicalismo revolucionario, basándose en la lucha de clases, tiende a la unión de todos los trabajadores dentro de organizaciones económicas y de combate, que luchen por la liberación del doble yugo del capital y del Estado. Su finalidad consiste en la reorganización de la vida social asentándola sobre la base del Comunismo Libertario y mediante la acción revolucionaria de la clase trabajadora. Considerando que únicamente las organizaciones económicas del proletariado son capaces de alcanzar este objetivo, el sindicalismo revolucionario se dirige a los trabajadores en su calidad de productores, de creadores de riquezas sociales, para germinar y desarrollarse entre ellos, en oposición a los modernos partidos obreros, a quienes declara sin capacidad para una reorganización económica de la sociedad.
2. El sindicalismo revolucionario es enemigo convencido de todo monopolio económico y social, y tiende a su abolición mediante la implantación de comunas económicas y de órganos administrativos regidos por los obreros de los campos y de las fábricas, formando un sistema de libres consejos sin subordinación a ningún poder ni partido político alguno. El sindicalismo revolucionario erige, contra la política del Estado y de los partidos, la organización económica del trabajo, opone al gobierno del hombre sobre el hombre la gestión administrativa de las cosas. No es, por consiguiente, la finalidad del sindicalismo revolucionario la conquista de los poderes políticos, y sí la abolición de toda función estatal en la vida de la sociedad. El sindicalismo revolucionario considera que con la desaparición del monopolio de la propiedad debe desaparecer, también, el monopolio de la dominación, y que toda forma de Estado, encúbrase como se quiera, no podrá ser nunca un instrumento de liberación humana, antes al contrario, será siempre el creador de nuevos monopolios y de nuevos privilegios.
3. El sindicalismo revolucionario tiene una doble función a cumplir: la de proseguir la lucha revolucionaria de todos los días por el mejoramiento económico, social e intelectual de la clase obrera dentro de los límites de la sociedad actual, y la de educar a las masas para que sean aptas para una gestión independiente en el proceso de la producción y de la distribución, así como para la toma de posesión de todos los elementos de la vida social. El sindicalismo revolucionario no acepta que la organización de un sistema social descansando totalmente sobre el productor, pueda llegar a ser ordenado por unos simples decretos gubernamentales, y afirma que solamente puede lograrse por la acción común de todos los trabajadores manuales e intelectuales, en cada rama de industria, por la gestión, dentro de las fábricas, de los mismos trabajadores, de tal manera que cada agrupación, fábrica o rama de industria sea un miembro autónomo en el organismo económico general y ordene sistemáticamente, sobre un plan determinado y sobre la base de acuerdos mutuos, la producción y la distribución como mejor interese a la comunidad.
4. El sindicalismo revolucionario es opuesto a todas las tendencias de organización inspiradas en el centralismo del Estado y de la Iglesia, porque sólo pueden servir para prolongar la vida del Estado y de la autoridad, y para ahogar sistemáticamente el espíritu de iniciativa y de independencia del pensamiento. El centralismo es la organización artificial que supedita las llamadas partes bajas a las tituladas superiores, y que abandona en manos de una minoría la reglamentación de los asuntos de toda la comunidad (el individuo se convierte en un autómata de gestos y de movimientos dirigidos). En la organización centralista los valores de la sociedad son postergados por los intereses de algunos, la variedad es reemplazada por la uniformidad, la responsabilidad personal es sustituida por una disciplina unánime. Es por esta razón que el sindicalismo revolucionario asienta su concepción social dentro de una amplia organización federalista, es decir, de la organización de abajo a arriba, de la unión de todas las fuerzas sobre la base de ideas e intereses comunes.
5. El sindicalismo revolucionario rechaza toda actividad parlamentaria y toda colaboración con los organismos legislativos, porque entiende que el sistema de sufragio más libre no puede hacer desaparecer las evidentes contradicciones que existen en el seno de la sociedad actual, y porque el sistema parlamentario sólo tiene un objetivo: el de prestarle un simulacro de derecho al reino de la mentira y de las injusticias sociales.
6. El sindicalismo revolucionario rechaza todas las fronteras políticas y nacionales, arbitrariamente creadas, y declara que el llamado nacionalismo sólo es la religión del Estado moderno, tras la cual se encubren los intereses materiales de las clases poseedoras. El sindicalismo revolucionario no reconoce otras diferencias que las de orden económico, regionales o nacionales, producto de las cuales surgen las jerarquías, privilegios y opresiones de todo tipo (por raza, sexo, sexualidad o cualquier diferencia percibida o real), y reclama para toda agrupación el derecho a una autodeterminación acordada solidariamente a todas las otras asociaciones del mismo orden.
7. Es por idénticas razones que el sindicalismo revolucionario combate el militarismo y la guerra. El sindicalismo revolucionario recomienda la propaganda contra la guerra, y la sustitución de los ejércitos permanentes, los que sólo son instrumentos de la contrarrevolución al servicio del capitalismo, por las milicias obreras que durante la revolución serán controladas por los sindicatos obreros; exige, además, el boicot y el embargo contra todas las materias primas y productos necesarios para la guerra, a excepción del caso en que se trate de un país donde los obreros estén realizando una revolución de tipo social, en cuyo caso hay que ayudarles en la defensa de la revolución. Finalmente, el sindicalismo revolucionario recomienda la huelga general preventiva y revolucionaria como medio de acción contra la guerra y el militarismo.
8. El sindicalismo revolucionario reconoce la necesidad de una producción que no dañe el medio ambiente, que intente minimizar el uso de recursos no renovables y que utilice siempre que sea posible alternativas renovables. Identifica la búsqueda de ganancias y no la ignorancia como causa de la crisis medioambiental actual. La producción capitalista siempre busca minimizar los costes para conseguir un nivel de ganancias cada vez más elevado para sobrevivir, y no puede proteger el medio ambiente. En concreto, la crisis mundial de la deuda ha acelerado la tendencia hacia las cosechas comerciales en detrimento de la agricultura de subsistencia. Esto ha causado la destrucción de las selvas tropicales, hambre y enfermedades. La lucha para salvar nuestro planeta y la lucha para destruir el capitalismo deben ser conjuntas o ambas fracasarán.
9. El sindicalismo revolucionario se afirma partidario de la acción directa, y sostiene y alienta todas aquellas luchas que no estén en contradicción con sus propias finalidades. Sus medios de lucha son: la huelga, el boicot, el sabotaje, etc. La acción directa encuentra su expresión más profunda en la huelga general, la que debe ser, al mismo tiempo, desde el punto de vista del sindicalismo revolucionario, el preludio de la revolución social.
10. Enemigo de toda violencia organizada por no importa que clase de gobierno, el sindicalismo revolucionario tiene en cuenta que se producirán encuentros violentísimos durante las luchas decisivas entre el capitalismo de hoy y el comunismo libre de mañana. Por consiguiente, reconoce la violencia que pueda emplearse como medio de defensa contra los métodos violentos que empleen las clases dominantes durante las luchas que sostenga el pueblo revolucionario por la expropiación de las tierras y de los medios de producción. Como esta expropiación sólo podrá ser iniciada y llevada a feliz término por la intervención directa de las organizaciones económicas revolucionarias de los trabajadores, la defensa de la revolución debe encontrarse también en manos de los organismos económicos y no en las de una organización militar o parecida que se desenvuelva al margen de ellos.
11. Es únicamente en las organizaciones económicas y revolucionarias de la clase obrera que se encuentra la fuerza capaz de realizar su liberación y la energía creadora necesaria para la reorganización de la sociedad a base del comunismo libertario.

III Nombre de la organización internacional

El lazo internacional de lucha y de solidaridad que une las organizaciones sindicalistas revolucionarias del mundo entero se llama Asociación Internacional de los Trabajadores (A.I.T.).

IV Finalidades y objetivos de la A.I.T.

La A.I.T. tiene por objetivos:
a) organizar y apoyar la lucha revolucionaria en todos los países con el fin de destruir definitivamente los regímenes políticos y económicos actuales y establecer el Comunismo Libertario.
b) dar a las organizaciones económicas sindicales una base nacional e industrial y donde tales ya existan, robustecer a aquéllas que estén decididas a luchar por la destrucción del capitalismo y del Estado.
c) impedir la infiltración de todo partido político en las organizaciones económicas sindicales y combatir resueltamente todo propósito de los partidos políticos de dominar a los sindicatos.
d) establecer, cuando las circunstancias lo exijan, y sobre un programa determinado que no esté en contradicción con los apartados a, b y c que anteceden, alianzas provisionales con otras organizaciones proletarias, sindicales y revolucionarias con el fin de determinar y de llevar a cabo acciones internacionales comunes en interés de la clase obrera; tales alianzas no deben establecerse jamás con partidos políticos, es decir, con organizaciones que acepten el Estado como sistema de organización social. El sindicalismo revolucionario rechaza la colaboración de clase que se caracteriza por la participación en comités organizados bajo esquemas corporativos estatales (por ejemplo en elecciones sindicales para comités de empresa) y la aceptación de subvenciones, mantenimiento de profesionales del sindicalismo y demás prácticas que puedan desvirtuar el anarcosindicalismo.
e) desenmascarar y combatir la violencia arbitraria de todos los gobiernos contra los revolucionarios afectos a la causa de la Revolución Social.
f) examinar todos los problemas concernientes al proletariado mundial para robustecer y desarrollar los movimientos en un país o en varios que tiendan a defender los derechos y nuevas conquistas de la clase obrera o para la organización de la propia revolución emancipadora.
g) emprender toda obra de mutuo apoyo en caso de grandes luchas económicas o de luchas agudas contra los enemigos declarados o encubiertos de la clase obrera.
h) ayudar moral y materialmente a los movimientos de clase de los obreros en cada país, en los que la dirección se halle en manos de la organización económica nacional del proletariado.
La Internacional interviene en los asuntos sindicales de un país solamente cuando la organización afiliada del mismo lo pida o cuando ésta se sustraiga a las directivas generales de la Internacional.

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