'Público' entrevista
al historiador Gutmaro López Bravo, autor de la monografía Puig Antich, la
transición inacabada, y recupera los votos particulares de los jueces del
Supremo que analizaron el consejo de guerra que condenó al militante anarquista
por la muerte del policía Francisco Anguas y concluyeron que no fue, en
absoluto, un juicio justo.
RAÚL BOCANEGRA
La demanda que la
familia del exministro franquista y declarado falangista José Utrera Molina, ya
fallecido, ha puesto contra Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos
Andalucía, Gabriel Rufián, el diputado de ERC en el Congreso, y Alfredo Díaz-Cardiel,
el exdirigente de Podemos en Castilla La Mancha, por unos tuits en la que
recuerdan la responsabilidad de Utrera en la muerte de Salvador Puig Antich, ha
situado de nuevo de plena actualidad la
impunidad del franquismo y de los responsables de sus decisiones. Entre
ellos, ciertamente, se contaba Utrera Molina, que formaba parte del Consejo de
Ministros que decidió ejecutar, al no levantarla, la condena a muerte de Puig
Antich, el último liquidado por garrote vil -una forma de muerte especialmente
cruel- en España, en 1974. Utrera estaba además investigado por estos hechos en
Argentina por la jueza María Servini, tras una querella de la familia del
militante anarquista.
La
ley de memoria histórica, que impulsó el
expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró ilegítimas las sentencias de los
tribunales franquistas, pero no las anuló. Y el Tribunal Supremo fue
incapaz de revisar el consejo de guerra y vino, por el contrario, ya en el año
2007, a avalar aquel juicio al rechazar el recurso de revisión que quería
interponer la familia del militante anarquista. Eso sí, el empuje de la
familia, dejó dos potentes votos
particulares, firmados por los magistrados José Luis Cabello y Ángel
Juanes, que describe con exactitud la total falta de garantías de aquel Consejo
de Guerra: “Todas las irregularidades (descritas)
parecen tener una misma finalidad: atribuirle los disparos que causaron” la
muerte del policía Francisco Anguas, afirma en el suyo el juez Cabello.
Público ha contactado
con Gutmaro Gómez Bravo, especialista en
franquismo, profesor de historia contemporánea en la Universidad
Complutense, autor de la monografía Puig Antich, la
transición inacabada, para que dibuje un retrato del tiempo en el
que se produjo su ajusticiamiento. “Salvador es un chaval que está estudiando
FP y está contacto con grupos de extrema izquierda antifranquista. No es un anarquista clásico. Esta
gente, desde 1972, vienen realizando lo que llaman expropiaciones, que son
atracos a bancos. Estaban haciendo una multicopista y una biblioteca para
traducir e introducir en España prensa y libros. Puig Antich no milita en el PC
o en el PSOE, que se están preparando para la legalización. Ellos están en otra
estrategia. Están en esto de los bancos. En un atraco, en el que él lleva el
coche, hieren a un contable. La policía monta un grupo especial para
desarticularlos, la sexta brigada. Se producen, escuchas, seguimientos. Les
esperan el 5 de septiembre de 1973. Y se
produce un tiroteo en un portal de 8 metros, donde hay seis personas armadas.
Allí muere un policía, Francisco Anguas. Y a partir de ahí todo
cambia”.
“El cadáver -prosigue
el profesor, en conversación telefónica- se traslada al anatómico forense, de
Barcelona, pero en ese momento interviene Gil Mesa -jefe de la policía política
franquista en Barcelona- que decide dos cosas: que
el cadáver pase a la Policía de Barcelona y que los robos se unan a la causa
del asesinato de policía. Eso significa que se trataría el tema como un
delito de terrorismo y eso significaba la pena de muerte. Se producen otras
irregularidades. Les incomunican, les
torturan. Puig Antich tiene que ir al hospital. Ha recibido golpes y un tiro en
la mandíbula. Dos días después le toman declaración, en presencia
del fiscal, del juez, de la policía. Y esa es la principal prueba. Una
declaración en la que no hay ningún abogado. Esto se hacía más o menos siempre.
Era el franquismo”.
El contexto político
en que se produce el juicio de Puig Antich era complejo, analiza el profesor
Gómez Bravo: “Cuando la instrucción finaliza, ya se han pedido dos penas de
muerte para él. Se produce una
denegación sistemática de pruebas en el juicio. Y cuando es
asesinado Carrero Blanco, el jefe del Gobierno franquista, todo se acelera. Y
ahí se precipita y está todo terminado. Los sectores proclives a la mano dura,
a ejecutar las sentencias de terrorismo, se enfrentan con reformistas y
tecnócratas que quieren una apariencia de democracia para entrar en el mercado
común europeo. Sabemos por los
informes de los norteamericanos que está ya decidida la muerte de Puig Antich.
Su juicio se produce en un contexto en el que está por decidirse la sucesión de
dentro del franquismo. El gobierno de Arias Navarro es el primero
donde hay un civil al frente del Gobierno. Y está de fondo también el proceso
de Burgos contra miembros de ETA, acusados de tres asesinatos. Se produce una
campaña muy fuerte, que lanzan periódicos como El Alcázar, contra los sectores
han influido en la conmutación de las penas a etarras en Burgos. El conflicto
es que si el Gobierno le perdona la vida a Puig Antich, la policía y el
ejército iban a poner dificultades. A la vez está también la revolución en
Portugal. Emocionalmente es un momento muy tenso”.
"Se declara el
cierre informativo del tema de Puig Antich, sobre el caso Puig Antich. Lo hacen coincidir con varias cosas,
matan casi a la misma hora, a un tipo con perturbaciones mentales, Georg
Michael Welzel. Lo que quieren decir es que son criminales los dos. El otro
crimen, de un guardia civil, no tiene consideraciones políticas”, agrega Gómez
Bravo. “Son conscientes. La
forma de matarlo, a garrote, la forma más ignominiosa que hay, en la cárcel,
suena a venganza”, remacha el profesor.
¿En este contexto, qué
papel juega Utrera Molina? “Utrera
Molina es el jefe del Movimiento. Está en contra de la reforma política. Él
quiere un partido único.Verdaderamente la cuestión de fondo es el orden
público, cómo contener una protesta de orden público. Y Utrera Molina tiene un
papel destacado en ese sector. Desde 1968, está la contestación armada de ETA. Utrera pertenece a la sección más
beligerante de la extrema derecha, dentro del régimen y dentro de lo que es el
primer franquismo. Abogado, procede del mundo jurídico, ha sido
gobernador civil, ocupa puestos de poder en toda la administración franquista”,
explica el profesor Gómez Bravo.
“Se trató de un juicio
con mínimas garantías. Si se
hubiera pasado a un juez ordinario le hubieran caído probablemente seis años. Puig
Antich sufre indefensión. No admiten las pruebas. Se piden 18 testigos, la
balística y se lo deniegan. Allí se produce una ensalada de tiros y hay
proyectiles que son de la propia policía. Mandan dos forenses que modifican la
autopsia. Nadie en ese momento puede rebatirles a los militares nada. Y la
propia justicia es incapaz hoy de decir que eso estaba mal hecho”, remata el
profesor.
Atribuirle los disparos
En el año 2007, el
Tribunal Supremo impidió la revisión del caso Puig Antich al rechazar el
recurso de la familia. Aunque una
mayoría de tres jueces salvó aquella decisión franquista, la pelea de la
familia dejó dos votos particulares de los magistrados José Luis Cabello y
Ángel Juanes, que llegan a la misma conclusión tras examinar los hechos del
Consejo de Guerra. “Puig Antich no tuvo un proceso justo, lo cual no prejuzga
la licitud de su conducta tanto en el plano jurídico e incluso en el ético. Se
trata simplemente de constatar que, con independencia de su actuación, lo
cierto es que no tuvo un proceso justo", escribe Juanes.
El voto del magistrado
Cabello describe con precisión cómo se tomó aquella decisión: “La primera
declaración de Puig Antich, extendida en casi siete folios por las dos caras a
un solo espacio, fue prestada -sin intervención de defensor- tan solo 72 horas después de haber recibido dos
disparos, que en el parte del servicio de urgencias se describen así:
“Herida penetrante (por arma de fuego) en hombro izdo. Herida penetrante (por
arma de fuego) en hemicara izda. con fractura de maxilar”.
"Inmediatamente
después debo destacar -prosigue el texto de Cabello- que no fue practicada una
prueba tan esencial como la pericial de balística, destinada a establecer cuál
o cuáles fueron las armas de las que procedieron los disparos que causaron la
muerte del subinspector. Omisión tan extraña de una prueba tan esencial
respondía a un hecho para el que no encuentro explicación asumible: con la
excepción de los dos proyectiles que hirieron a Puig Antich (fueron entregados
por los médicos a los policías), no
consta en la causa que fuera recogido ninguno de los correspondientes a los
demás disparos efectuados: ni los tres de que habla la autopsia, ni el
cuarto que, según los policías, disparó Puig Antich, ni los dos o
más que, según veremos después, tenía el cuerpo del subinspector de policía. Y por lo que atañe a los casquillos
sucede algo similar, pues los que se recogieron (dos casquillos de
revólver calibre 38 y cuatro de pistola del 9 largo) no consta que fueran
entregados al Juzgado”.
Para Cabello, es
indiscutible la indefensión: “Otra actuación irregular se refiere al derecho de
Puig Antich a proponer las pruebas pertinentes para su defensa. Ese derecho fue
sistemáticamente vulnerado. Así, la defensa solicitó una prueba pericial
destinada a establecer por un lado, la
posición de todos los demás posibles tiradores que intervinieron en el suceso
y, por otro, las trayectorias y distancias de los posibles disparos.
Pues bien, cuando fue solicitada en el recurso contra el auto de procesamiento,
la denegación se basó en que ya había sido practicada una diligencia de
reconstrucción de hechos, a pesar de que en esta se habían recogido muy pocos
detalles y no había intervenido ningún defensor. Y cuando fue solicitada en el
escrito de conclusiones provisionales, el Consejo de Guerra la denegó porque,
siendo preceptivo que se practicara por dos peritos, la defensa solo había
propuesto uno, y porque, según el criterio del auditor militar, que el Consejo
asumió, los miembros de éste “son profesionales de las armas y los términos en
que se pide la pericia no exigen conocimientos especiales en una materia de
carácter general y elemental”.
Tampoco
fueron admitidas las declaraciones de varios testigos. “Igual pertinencia e
interés tenía la prueba testifical -indica Cabello- solicitada por la defensa.
La defensa de Puig Antich propuso que fueran oídos quienes habían visto el
cuerpo del subinspector Anguas a fin de que se manifestaran sobre si presentaba
más disparos de los tres que decía el informe de la autopsia. De esos
testimonios destacaban los que la Sala ha recibido ahora: [el de dos doctores]
que examinaron en el servicio de urgencias el cuerpo del mencionado
subinspector, que llegó ya sin vida. Ninguno de estos testimonios fue aceptado
argumentando que no habían sido testigos presenciales de los hechos".
Añade al respecto de
la indefensión y denegación de pruebas el magistrado Cabello: “Otra actuación
que no puede pasarse por alto se refiere a la práctica de la autopsia: fue realizada en la
comisaría en que estaba destinado el subinspector fallecido. Consta
que fue realizada allí con autorización judicial, concedida después de que el
médico forense dijera que no tenía inconveniente alguno. Pese a ello me
sorprende porque no se trataba de velar el cuerpo, sino de someterlo a una
técnica de investigación de las causas de la muerte cuya práctica se realiza en
lugares que están específicamente preparados para ello, como son los Institutos
anatómicos forenses, y en los que no se da ninguna clase de presión
ambiental".
Pero aquí no acaban
las actuaciones discutibles. Escribe Cabello: “La anterior no es la única
actuación relacionada con la autopsia que considero irregular. Hay otra que se
refiere, por un lado, a la incorporación a la correspondiente diligencia de la
frase, escrita con máquina de escribir diferente, que dice: “los tres disparos pueden corresponder
al mismo tipo de proyectil”, y por otro, a las correcciones hechas a
mano, que consistieron en, aprovechando algunas letras de las palabras
mecanografiadas, escribir sobre éstas lo siguiente: “[a]rriba [a a]bajo [...]
des[cendente]”.
“No se trata de que el
interlineado -agrega el juez Cabello- escrito con una máquina diferente altere
el contenido de la autopsia. Se
trata de que, después de haber quedado extendida la diligencia de autopsia, se
incorpora una opinión que no corresponde hacer a los médicos forenses, y
menos basándose en una observación meramente visual, y que no tiene autor
conocido”.
El magistrado remacha
este razonamiento con contundencia: "Hasta aquí las causas de mis dudas
sobre si Puig Antich fue condenado a muerte en un proceso justo. En mi opinión todas las irregularidades
que he descrito parecen tener una misma finalidad: atribuirle los disparos que
causaron” la muerte de Anguas
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario