El 'caso Lasa y Zabala' hizo
estallar el 'caso GAL' y el terrorismo de estado de los gobiernos de Felipe
González entre 1983 y 1987.
Corría el mes de enero del año 1985 cuando unos
restos humanos fueron descubiertos en una fosa de Busot (Alicante) enterrados en cal viva. Aquellos restos humanos permanecieron sin
identificar hasta 1995 pese a que la primera autopsia realizada la ser
descubiertos los restos ya evidenciaba signos de tortura. Diez años después, un
inspector de policía de Alicante relacionó aquellos restos humanos que se
guardaban desde hacía una década
en el depósito de cadáveres del cementerio de Alicante con unas
declaraciones sobre la cal viva que había realizado el miembro del GAL, José Amedo, y se puso en
contacto con el fiscal de la
Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, y el caso se activó.
Había estallado el 'caso GAL'. En pocos días se identificó los restos humanos
como los correspondientes a los supuestos etarras José
Ignacio Lasa y José Antonio Zabala, ambos
naturales de Tolosa (Guipúzcoa), desaparecidos en Bayona (Francia) en octubre
de 1983.
Primer crimen de los GAL
Poco después quedaría demostrado por los tribunales
que el deLasa y Zabala fue
el primer acto terrorista realizado por los Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL) , que poco tiempo después, en noviembre, llevarían a cabo el secuestro
del comerciante francés Segundo Marey en Hendaya, confundiéndolo con un
etarra. El primer acto de terrorismo de estado con el PSOE de Felipe González en el
Gobierno.
Según la sentencia
del caso, el 15 de octubre de ese año Lasa y Zabala, miembros de poca relevancia de la banda
terrorista ETA y que apenas contaban con veinte años de edad, fueron secuestrados en Bayona por
miembros del GAL, retenidos en el
cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y siguiendo
instrucciones del general Galindo, jefe del cuartel, fueron llevados al palacio de La Cumbre, en San
Sebastián, donde fueron torturados.
Enterrados en cal viva en Alicante
Posteriormente, y a la vista del estado en que
quedaron, el general Galindo, con el conocimiento del gobernador civil de Guipúzcoa, Julen
Elorriaga, y del teniente-coronel Ángel Vaquero, ordenó su asesinato y
desaparición. Los guardias civiles
Enrique Dorado y Felipe Bayo les llevaron a Busot (Alicante), cavaron una fosa y el primero les disparó
tres tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva.
Galindo fue condenado a 71 años de cárcel. En el
año 2000 entró en la cárcel y cuatro años después estaba cumpliendo la condena
en casa por motivos de salud. En 2005 le concedieron el tercer grado y en 2013
la libertad condicional. El gobernador civil Julen Elgorriagatambién fue condenado a 71 años de cárcel, pero pasó en prisión menos de dos años.
Los guardias civiles Enrique
Dorado y Felipe Bayo, condenados a 67 años cada uno, consiguieron el tercer grado en menos de 8 años.
La justicia es igual para todos?? Yo creo que no porque si así fuera, los policías detenidos hubieran estado mucho más tiempo en el talego, como cualquier terrorista que sea detenido
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