En estos
meses de borrachera electoralista se ha hablado mucho del régimen del 78. Ese
régimen instaurado, tras la muerte de Franco, por la llamada “Transición” de la
Dictadura a la Democracia representativa que tenemos hoy. Una
TRANSICIÓN-TRANSACCIÓN que transformó -de la noche a la mañana- a los
franquistas en DEMÓCRATAS y parió una DEMOCRACIA para que los ex franquistas
pudieran disfrutar y aumentar legalmente las fortunas adquiridas a la sombra de
la Dictadura.
No es de extrañar que, en tales
condiciones, sólo se haya hablado del régimen del 78 y nada o muy poco de lo
que fue la dictadura. De esa dictadura que no paró de reprimir brutalmente al
pueblo español durante casi cuarenta años. Aunque sí es “curioso” que ni
siquiera lo hayan hecho los que denuncian el régimen del 78 y pretenden ser los
portavoces de la indignación popular actual. “Curioso” porque deberían sentirse
concernidos por las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y por el
deber de memoria hacia los que perdieron la vida en la lucha contra la
dictadura, aunque sólo fuese por haber sido los únicos que intentaron ponerle
fin o provocar una transición menos “atada” que la que Franco pudo preparar
gracias al derrotismo antifranquista. Y, además, porque tampoco deberían
olvidar que, si la democracia actual es la continuidad del régimen del 78, lo
es porque no se supo o no se quiso provocar entonces una ruptura con el
continuismo franquista.
Se impone pues recordar esto para
comprender el por qué en 2015 tenemos que seguir soportando la soberbia de los
demócratas exfranquistas que siguen detentando la casi totalidad del poder en
este país, y el por qué las víctimas del franquismo tienen que seguir esperando
la condenación de sus victimarios. ¡Y eso pese a que ya han pasado cuarenta
años desde la muerte del dictador y ocho de la promulgación de la llamada Ley
de “Memoria Histórica”!
Una ley cobarde e infame, que no sólo no se atrevió a anular las sentencias franquistas sino que estableció, además, una indigna discriminación entre las víctimas del franquismo, al separarlas arbitrariamente en dos categorías: las ejecutadas antes de 1968 y las que lo fueron después, cuya indemnización fue trece veces mayor.
Una ley cobarde e infame, que no sólo no se atrevió a anular las sentencias franquistas sino que estableció, además, una indigna discriminación entre las víctimas del franquismo, al separarlas arbitrariamente en dos categorías: las ejecutadas antes de 1968 y las que lo fueron después, cuya indemnización fue trece veces mayor.
En espera pues de que la actual
“indignación” recupere el uso de la memoria y traduzca en hechos sus promesas
de justicia verdadera, las familias de las víctimas de la represión franquista
siguen sin contar con apoyos institucionales para rendir el homenaje que tanto
merecen sus familiares ejecutados por los franquistas. Tal es el caso de la familia
de Francisco Granado, ejecutado en 1963 con Joaquín Delgado, que sigue
esperando el cumplimiento de la promesa, de la alcaldía de Valencia del
Ventoso, de poner en el Centro Cultural de esa ciudad el busto que su hijo
-escultor- hizo de su padre. Una promesa que la familia Granado desearía se
cumpla el próximo mes de agosto, ¡cincuenta y dos años después de que Francisco
Granado y Joaquín Delgado fuesen ejecutados! 52 años ya de la ejecución de
nuestros dos compañeros, detenidos el 1 de agosto de 1963 y ejecutados 16 días
después, el 17 de agosto de 1963, tras ser condenados a muerte por un Consejo
de Guerra Sumarísimo, por unas acciones que no habían realizado.
Un periodo de más de medio siglo en el
que, tras la muerte del dictador y la “Transición”, no fue hasta 2007 que la
“Democracia” (el régimen del 78) parió esa ley que debía rehabilitar
jurídicamente a las víctimas de la represión franquista. Una rehabilitación que
sigue pendiente hoy y que no se conseguirá aunque el PP deje de gobernar; pues,
ni para el PSOE ni para los otros partidos está entre sus preocupaciones y
objetivos. Salvo si, de aquí a las elecciones generales, los colectivos
memorialistas hacen oír su voz y de nuevo se presentan recursos de revisión de
las sentencias franquistas y se organizan campañas públicas de denuncia de este
baldón de la justicia de la democracia en vigor. Recursos y campañas que, como
las iniciadas con el caso Granado-Delgado en los años noventa, pongan
nuevamente en marcha el proceso de recuperación de la memoria histórica hoy
casi olvidado.
Octavio
Alberola
1.- “Granado yDelgado, un crimen legal”, ARTE, 1996, y “Garrote vil para
dos inocentes, el caso Delgado-Granado”, Carlos Fonseca, Temas de Hoy, 1998.
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