Octava condena de Estrasburgo a España por no investigar la tortura
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo considera que la denuncia
presentada por Xabier Beortegi no fue debidamente investiga en el Estado
español, por lo que le condena a indemnizar con 20.000 euros al vecino de Iruñea
por daños morales.
La demanda ante el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo tiene su origen en la denuncia presentada por Xabier
Beortegi Martinez, vecino de Errotxapea detenido por la Guardia Civil en enero
del 2011 por su presunta vinculación con Ekin. Beortegi denunció haber sufrido graves torturas durante su
detención incomunicada. En aquella operación fue arrestado también Jon Patxi
Arratibel, cuya demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo fu
aceptada y el Reino de España condenado por noo haber investigado debidamente
su denuncia de torturas.
Beortegi relató que los guardias civiles
que le arrestaron le insultaron, le amenazaron y le golpearon en la cabeza y en
los testículos y que incluso le pusieron una pistola en la
mano advirtiéndole que así ya tenían sus huellas en el arma. En
Madrid permaneció con un antifaz puesto en los ojos, fue objeto de
interrogatorios sin presencia de abogado, que le obligaban a realizar ejercicio
físico, le pusieron varias veces una bolsa en la cabeza produciéndole asfixia,
le humillaron y vejaron y que recibió continuas amenazas, todo con el objetivo
de que se aprendiese una declaración autoinculpatoria y la firmara. Finalmente
accedió a ello para que acabara su sufrimiento.
Beortegi quedó en libertad tras pasar
ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, que había
ordenado su detención y que hizo caso omiso a su denuncia de malos tratos, pese
a que al relatar lo que había padecido a manos de la Guardia Civil se cayó de
la silla por problemas respiratorios por un ataque de ansiedad. Incluso el
abogado de oficio que le asistía dijo que era evidente que se le había
sacado información bajo presión.
El TDHE recuerda que la
incomunicación ha sido duramente criticada en numerosos informes
El vecino de Iruñea presentó posteriormente una denuncia en la que
solicitaba la práctica de una serie de pruebas, como la toma de su propia
declaración, aportación a la causa de todos los informes médicos relativos a
los reconocimientos realizados durante la incomunicación, aportación de las
grabaciones de las cámaras de seguridad de los cuarteles donde permaneció
detenido, identificación y toma de declaración de los guardias civiles que
tuvieron contacto con él, toma de declaración de todos los médicos forenses que
le reconocieron, de los abogados de oficio que le asistieron, ser reconocido
física y psicológicamente por un médico forense y la aportación de la
declaración policial y judicial.
Sin embargo, la juez titular del Juzgado
de Instrucción número 3 de Iruña, Mari Paz Benito, se limitó a tomar
declaración a Beortegi (219 días después de interponer la denuncia) y a
solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil las grabaciones de la
detención, pero la Guardia Civil respondió que no existían “porque los calabozos
no disponen de dicho sistema de videograbación y porque el juez no lo ordenó”.
En marzo del 2012 la jueza decretó el sobreseimiento provisional y el archivo
de la causa por considerar que de lo actuado no aparecía debidamente
justificada la perpetración del delito, sin haber realizado las
pruebas e investigaciones solicitadas y sin más argumentación.
Dicha resolución fue recurrida en las
instancias pertinentes hasta agotar así la vía jurisdiccional en el Estado
español, razón por la que el demandante acudió finalmente al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, a fin de que se reconociera la
vulneración del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos en el
que se indica que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes”, y que su denuncia no ha sido investigada de forma
efectiva por parte de las jurisdicciones internas del Estado español.
Octava demanda aceptada, octava condena
a España
Con la de Beortegi, son ya ocho las
demandas aceptadas por el TDHE. De ellas tres corresponden a navarros detenidos
por la policía española o la Guardia Civil. Y todas ellas han estimado que las
denuncias de torturas presentadas por estos ciudadanos y ciudadanas vascas no fueron suficientemente investigadas pese
a que el propio Tribunal de Estrasburgo les otorga gran credibilidad.
Todas las demandas han estimado que las
denuncias de torturas presentadas no fueron suficientemente investigadas
El TDHE, además, recuerda que la incomunicación ha sido duramente criticada en numerosos
informes sobre prevención de la tortura y de defensa de los
derechos humanos. El propio Comité europeo para la Prevención de la Tortura
visitó en 2011 a varias personas detenidas resaltando que “la delegación
recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos de 10 de las 11
personas con las que mantuvo entrevistas, que habían estado detenidas en
régimen de incomunicación en operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil durante
los primeros meses de 2011”. Algunas de ellas habían sido arrestadas con el
propio Beortegi.
El Tribunal de Derechos Humanos ha
considerado en otras ocasiones que “la investigación debe ser efectiva y
susceptible de establecer los hechos así como identificar y castigar a los
responsables”. El simple hecho de tomar conocimiento de los informes del médico
forense e incluso la audición de este último “no son elementos suficientes para
considerar una investigación efectiva”, como estimó el TEDH en la sentencia por
la denuncia del director de Egunkaria Martxelo
Otamendi contra España.
“Se ha de constatar una violación si la
autoridad de instrucción se abstiene de efectuar todas las gestiones
razonables, tales como requerir las declaraciones de las personas concernidas,
de los testigos oculares así como ordenar peritajes médico-legales”, ha
estimado la Gran Sala del TEDH en anteriores sentencias, insistiendo al Reino de España en la
importancia de adoptar las recomendaciones formuladas por el CPT para eliminar
la incomunicación y acabar con la impunidad de los torturadores.
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