La magistrada reconoce el derecho a una
"sepultura digna" y que los cuerpos se entreguen a la familia tras
identificar su ADN
El Juzgado de primera
Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha ordenado la primera
exhumación por la vía civil en el Valle de los Caídos, con el objeto de que los
restos mortales de dos fusilados durante la Guerra Civil sean entregados a su
nieta y reconocer así su derecho a una "digna sepultura".
En un auto, al que ha
tenido acceso Europa Press, el juez José Manuel Delgado Seoane admite la
petición de Purificación Lapeña respecto a su abuelo y su tío abuelo Manuel y
Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados al
Valle de los Caídos, al entender que "el derecho a una sepultura digna
está indisolublemente unido a la dignidad propia de todo ser humano, con
independencia a la forma en la que falleció".
El magistrado acuerda
que se inscriba en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de
Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14
de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La
Bartolina y enterrado en una fosa común, "sin que conste juicio con
condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los
hechos, con carácter legítimo".
Y que su hermano
Antonio Ramiro, tras ocultarse de las autoridades, se entregó en octubre de
1936, y fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del cementerio
municipal de Calatayud, enterrándose sus restos en una fosa común, sin que
tampoco conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente
en el momento de los hechos.
El juez considera que
existe una "alta probabilidad" de que los restos cadavéricos se
encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta
principal, por lo que entiende que la "única forma de acreditarlo" es
a través de la prueba de ADN. El magistrado ha tenido en cuenta la
imposibilidad legal de acudir a la vía penal y el hecho de que la Fiscalía no
se haya opuesto a la medida.
La Fiscalía no mostró
su disconformidad, pero sí solicitó tener en cuenta las
"dificultades" y la "insuficiencia de datos" que permitan
constatar con "certeza" el lugar de enterramiento de las víctimas,
puesto que los 81 cuerpos trasladados desde Calatayud eran de individuos
desconocidos.
En cambio, el juez
considera "verosímil" el testimonio de la familia, descarta que estén
en la ciudad aragonesa y señala que "solo se procederá a la entrega de
restos cadavéricos una vez identificados por medio de la prueba de los
indicadores del ADN".
El auto, que es firme,
valora el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de Naciones Unidas
(ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares de las víctimas
tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una
digna sepultura, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos.
Más 30.000 cuerpos
Más 30.000 cuerpos
El abogado de
Purificación Lapeña, Eduardo Ranz, ha explicado a Europa Press que "en el
Valle de los Caídos constan más de 33.000 cuerpos y hasta hoy había dos
identificados y uno de ellos apodado 'el ausente'. Desde hoy son cuatro, José
Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco y Manuel y Antonio Ramiro Lapeña
Altabás".
Purificación Lapeña,
que agotó la vía penal, explicaba en su demanda que su abuelo, Manuel Lapeña
era veterinario y su tío abuelo, Antonio-Ramiro Lapeña, era herrero cuando
desaparecieron en 1936. Fueron fundadores de la CNT en la localidad zaragozana
de Villarroya de la Sierra y tras
Tras ser ejecutados
aquel año, los restos mortales de sus familiares fueron trasladados al Valle de
los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación en 1959. La demandante pidió
que se constatara la muerte violenta y se procediera a identificarlos y
entregarlos a la familia para que los puedan enterrar donde deseen.
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