Tramas y complots Casas Viejas

La depuración franquista del magistrado del juicio de Casas Viejas
La matanza de Casas Viejas tuvo repercusiones todavía presentes. Importaron más sus derivaciones políticas que las víctimas. Para el gobierno primó conservar su posición a costa de la verdad. Para la oposición lo fundamental fue no soltar la presa que tan bien agarrada tenía y de la que tantos réditos esperaban obtener. Quizás uno de los ejemplos más demostrativos sea que la sentencia del proceso contra el capitán Rojas le condenara por la muerte de Rafael Mateos Vela, el vecino que recibió un tiro el día 11 cuando entró en el pueblo el primer grupo de guardias civiles capitaneados por el sargento Rafael Anarte Viera. En ese momento Rojas todavía no había llegado al pueblo. Sin embargo ésta no sería la causa por la que el presidente de la Sala que entendió la vista terminó siendo apartado de la carrera judicial. Fueron cuestiones políticas, bajo la férula de los golpistas de 1936, las que terminaron llevando a la cárcel primero, y a la depuración después, al magistrado Ramón Enríquez Cardóniga, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz en 1933. Era culto y acumulaba comisiones especiales y ascensos durante treinta años de ejercicio bajo la monarquía, la dictadura de Primo y la República.
El magistrado Enríquez Cardóniga, gallego, había llegado a Cádiz desde la audiencia de Ciudad Real en 1932. Permaneció hasta noviembre de 1935 cuando el ministerio de Justicia, que ocupaba el militante de la CEDA Federico Salmón Amorín, le trasladó a la presidencia de la Audiencia de Pamplona. En 1936, triunfante el Frente Popular, en abril, siendo ministro Antonio Lara de Unión Republicana, fue trasladado a la Audiencia de Madrid que pasó a presidir hasta julio de 1936. Cuando la sublevación comenzaba en Marruecos, el magistrado disfrutaba de sus vacaciones en Ginzo de Limia.No lo sabía pero acababa de ser puesto en el punto de mira de algunos. Así se entiende que fuera enviado a Burgos, donde a las pocas semanas fue encarcelado por orden gubernativa. En su Prisión Central permaneció hasta marzo de 1939. Los falangistas no habían olvidado que había condenado a Primo de Rivera por tenencia ilícita de armas en mayo de 1936 en Madrid.
El 5 de diciembre la Junta de Defensa Nacional autorizó al gobierno golpista, la Junta Técnica del Estado, a separar del servicio a todos los empleados públicos contrarios a la sublevación. Un decreto que estableció la formación de un expediente sobre el que se tomaría la resolución que se considerara oportuna y que no podía ser recurrida. El 17 de febrero de 1937 se le abría expediente a Enríquez Cardóniga. Se resolvió el 4 de junio con su separación definitiva de la carrera judicial. Para entonces a la acusación inicial se le había añadido que tuvo una actuación favorable a Azaña y Casares Quiroga durante el 'proceso de Casas Viejas', en realidad los juicios contra Rojas. Le había permitido su rápido ascenso de la audiencia gaditana a la madrileña.
La relación del magistrado con los sucesos de Casas Viejas fue conocida pronto. Antes de que se le abriera el expediente, el juez encargado por la Comisión Técnica de Justicia de instruirlo había solicitado información a las autoridades de Cádiz. Así lo hicieron la Audiencia, el Gobierno Civil, la Delegación de Orden Público, la alcaldía, la policía y el obispado. Fue en base a ellos, en especial por los informes del fiscal jefe de la provincia, Francisco Gaztelu, por lo que se acumuló un nuevo cargo: actuar a favor de Azaña impidiendo su presencia en la vista como habían reclamado el abogado defensor y el propio Gaztelu que ejercía la acusación pública. Una discusión que había comenzado en el marco del ejercicio profesional, había pasado a ser una cuestión política y terminaba siendo una acusación. ¿Era verdad que Enríquez Cardóniga había presionado al juez instructor y mostrado a favor de Azaña?, ¿era el presidente de la Audiencia de Cádiz un izquierdista?, ¿respondían o no las acusaciones de Gaztelu a un afán de revancha? No lo parece, al menos en los términos con los que se planteó que le presentaban como un peligroso izquierdista íntimo de Azaña y del diputado gaditano, y otra de las bestias negras de los franquistas, Manuel Muñoz Martínez. En realidad era una secuela más del enconamiento político en el que derivó la matanza. Porque si Gaztelu acusó a su Presidente de hacer carrera evitando el trance de la comparecencia en la vista a Azaña, Casares y otras autoridades, como el Gobernador Civil Pedro Pozo Rodríguez, el general de la 1ª División Orgánica Virgilio Cabanellas Ferrer y el Director General de Seguridad, Arturo Menéndez López. A su vez, el fiscal fue acusado de lo mismo pero al contrario: al parecer, el abogado Eduardo Pardo Reina, defensor de Rojas, le prometió ser nombrado por Alejandro Lerroux fiscal del Tribunal Supremo si conseguía que declararan.
El enfrentamiento era una cuestión técnica. Pero, ni en 1933 ni 1937 existió margen para dejar en su punto las cuestiones procesales. Si las víctimas quedaban relegadas a un último término, el equilibrio de la justicia tampoco salía bien parado. Había en juego parcelas del poder. Así, Gaztelu se refirió a sus diferencias con Enríquez Cardóniga. Por ejemplo al asombro que produjo en el país su resolución denegatoria de declaración oral que apelaba a «motivos de orden reservable pero que atañen al fin de mantener al juicio criminal en su terreno propio». Frase que ocultaba intereses ocultos. Además, en la segunda vista en la que sí comparecieron Azaña y Casares Quiroga tras ser aceptado el recurso de casación interpuesto por Pardo, Enríquez se 'derretía' al interrogarles.
A pesar de estos informes negativos el propio instructor del expediente tuvo que reconocer que los cargos eran imprecisos. El izquierdismo del presidente de la Audiencia gaditana no se sostenía ni siquiera con el caso del asesinato del director del banco de España en Cádiz en 1933. Enríquez Cardóniga anuló el procesamiento de uno de los acusados y sus acusadores en 1937 pretendieron que fue una decisión tomada por influencias de las logias masónicas. Aún así la acusación se mantuvo como uno de los cargos que llevó a la condena de Enríquez Cardóniga. No sirvió que la mayoría de los magistrados de la Audiencia testimoniaran que le consideraban un derechista y cristiano. Así lo hicieron sus compañeros de sección y sala que juzgó a Rojas, Pedro Cano-Manuel Aubarede y Francisco Valera Rodríguez. López Martín destacó que procuraba llevarse bien con el poder y tener amigos derechistas e izquierdistas. El fiscal Felipe Rodríguez Franco distinguió entre la persona anterior y posterior a ser nombrada presidente de la Audiencia de Madrid. Un puesto que nunca debió ocupar porque su predecesor fue cesado por dictar una sentencia que no favorecía al gobierno.
Enriquez Cardóniga fue separado de la carrera por su sentencia contra Primo de Rivera y por su actuación en el proceso contra Rojas. Continuó detenido dos años. Su recurso ante Franco nunca fue respondido. Sólo logró la rehabilitación en 1947. Sin haber sido procesado nunca permaneció en situación de libertad vigilada hasta 1942. Fue trasladado a la Audiencia de Palma como magistrado por 5 años. Se jubiló en 1955 en la Audiencia de La Coruña.
Por otro lado, el juez militar que instruyó el consejo de guerra ante el que comparecieron los campesinos acusados de haber asaltado el cuartel de la Guardia Civil, el capitán de Artillería Julio Ramos Hermoso, fue detenido por su indecisa actitud ante el golpe, encarcelado, sometido a consejo de guerra y condenado a seis años de presión con la accesoria de expulsión del Ejército. Puesto en libertad en 1939, nunca fue readmitido. Andrés López Gálvez, el abogado que llevó la defensa de los acusados en el consejo de guerra y la acusación particular de las familias de las víctimas contra Rojas, también fue detenido y sometido a consejo. Fue condenado a cadena perpetua en 1937. En 1941 conmutaron su pena por otra de 4 años. Trasladado a El Puerto, fue puesto en libertad el 1 de abril.

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