Badajoz, 1934 Consejo de Guerra por los sucesos de Castilblanco, hay procesados veinte hombre y dos mujeres.
Se conoce como sucesos de Castilblanco al enfrentamiento habido en la localidad española de Castilblanco (Extremadura), el 31 de diciembre de 1931, entre unos campesinos de la localidad y la Guardia Civil que acabó con el linchamiento de cuatro miembros de ese cuerpo.
El 20 de diciembre de 1931, los jornaleros en paro del municipio convocaron una manifestación para reclamar trabajo en el campo. La Guardia Civil, que había sido tradicionalmente utilizada por los gobiernos de la Restauración para sofocar las reivindicaciones del campesinado,[1] y que en esos primeros meses de la Segunda República seguía bajo la dirección del general José Sanjurjo, disolvió la manifestación, contraviniendo el derecho de manifestación consagrado en la reciente Constitución Española de 1931.
Como protesta por estos hechos, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra convocó dos días de huelga, con el objetivo de forzar la dimisión del jefe local de la Guardia Civil. A pesar de que el alcalde de Castilblanco negó el permiso correspondiente, la huelga se llevó a cabo el día 30 de diciembre. Al día siguiente, cuatro guardias civiles se personaron en la Casa del Pueblo de la localidad, con la intención de forzar a su presidente a cancelar la jornada de huelga. Mientras se producían las discusiones un grupo de mujeres comenzó a increpar a los agentes, intentando entrar en el local. En el tumulto que se produjo, uno de los guardias civiles disparó un tiro, lo que provocó la ira de la muchedumbre que se había agolpado a las puertas de la Casa del Pueblo, que redujo a los agentes y los linchó con ensañamiento.
Repercusión
Los sucesos de Castilblanco tuvieron una gran repercusión a nivel nacional, en el contexto de la agitada vida política y social de los primeros tiempos de la Segunda República Española. El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, asistió al entierro de los guardias civiles y defendió su actuación en el caso. Gregorio Marañón publicó un artículo en que justificaba la actuación de los campesinos extremeños, comparando los hechos con los presentados por Lope de Vega en su Fuenteovejuna, y señalando que los verdaderos responsables de las muertes eran aquellos que mantenían a los campesinos españoles en un estado de miseria y atraso vergonzosos.
Los campesinos acusados de los asesinatos fueron juzgados y condenados a muerte, si bien la pena capital les fue conmutada por la cadena perpetua. Su abogado defensor fue el socialista Luis Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución republicana.
La tensión generada a raíz de los acontecimientos de Castilblanco enrareció el ambiente político y social del momento. El jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, que encabezaría un fallido golpe de estado en 1932 y sería uno de los promotores del golpe de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil Española, se mostró indignado por lo sucedido.
Relación con los sucesos de Arnedo
La tensión generada por los sucesos de Castilblanco probablemente influyó en el trágico final de los llamados sucesos de Arnedo, ocurridos cinco días después, el 5 de enero de 1932. En esa localidad riojana se produjo otro choque con la Guardia Civil, cuando un grupo de trabajadores acompañaba a una delegación que acudía a una reunión con los patronos para negociar el fin de una huelga convocada por la Unión General de Trabajadores. Cuando la Guardia Civil se acercó a los trabajadores reunidos, estos comenzaron a increparla. Los agentes, nerviosos por los acontecimientos de Castilblanco, abrieron fuego contra la multitud, matando a seis personas -entre ellas un niño y cuatro mujeres- e hiriendo a dieciséis. Estos sucesos causaron un enorme escándalo. Si tras los sucesos de Castilblanco la opinión pública se solidarizó mayoritariamente con la Guardia Civil, en esta ocasión sucedió lo contrario. Las Cortes pidieron la destitución del jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo. El gobierno de Azaña se negó a hacerlo, pero un mes más tarde lo sustituyó por Miguel Cabanellas y lo nombró jefe de los carabineros.
El 20 de diciembre de 1931, los jornaleros en paro del municipio convocaron una manifestación para reclamar trabajo en el campo. La Guardia Civil, que había sido tradicionalmente utilizada por los gobiernos de la Restauración para sofocar las reivindicaciones del campesinado,[1] y que en esos primeros meses de la Segunda República seguía bajo la dirección del general José Sanjurjo, disolvió la manifestación, contraviniendo el derecho de manifestación consagrado en la reciente Constitución Española de 1931.
Como protesta por estos hechos, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra convocó dos días de huelga, con el objetivo de forzar la dimisión del jefe local de la Guardia Civil. A pesar de que el alcalde de Castilblanco negó el permiso correspondiente, la huelga se llevó a cabo el día 30 de diciembre. Al día siguiente, cuatro guardias civiles se personaron en la Casa del Pueblo de la localidad, con la intención de forzar a su presidente a cancelar la jornada de huelga. Mientras se producían las discusiones un grupo de mujeres comenzó a increpar a los agentes, intentando entrar en el local. En el tumulto que se produjo, uno de los guardias civiles disparó un tiro, lo que provocó la ira de la muchedumbre que se había agolpado a las puertas de la Casa del Pueblo, que redujo a los agentes y los linchó con ensañamiento.
Repercusión
Los sucesos de Castilblanco tuvieron una gran repercusión a nivel nacional, en el contexto de la agitada vida política y social de los primeros tiempos de la Segunda República Española. El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, asistió al entierro de los guardias civiles y defendió su actuación en el caso. Gregorio Marañón publicó un artículo en que justificaba la actuación de los campesinos extremeños, comparando los hechos con los presentados por Lope de Vega en su Fuenteovejuna, y señalando que los verdaderos responsables de las muertes eran aquellos que mantenían a los campesinos españoles en un estado de miseria y atraso vergonzosos.
Los campesinos acusados de los asesinatos fueron juzgados y condenados a muerte, si bien la pena capital les fue conmutada por la cadena perpetua. Su abogado defensor fue el socialista Luis Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución republicana.
La tensión generada a raíz de los acontecimientos de Castilblanco enrareció el ambiente político y social del momento. El jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, que encabezaría un fallido golpe de estado en 1932 y sería uno de los promotores del golpe de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil Española, se mostró indignado por lo sucedido.
Relación con los sucesos de Arnedo
La tensión generada por los sucesos de Castilblanco probablemente influyó en el trágico final de los llamados sucesos de Arnedo, ocurridos cinco días después, el 5 de enero de 1932. En esa localidad riojana se produjo otro choque con la Guardia Civil, cuando un grupo de trabajadores acompañaba a una delegación que acudía a una reunión con los patronos para negociar el fin de una huelga convocada por la Unión General de Trabajadores. Cuando la Guardia Civil se acercó a los trabajadores reunidos, estos comenzaron a increparla. Los agentes, nerviosos por los acontecimientos de Castilblanco, abrieron fuego contra la multitud, matando a seis personas -entre ellas un niño y cuatro mujeres- e hiriendo a dieciséis. Estos sucesos causaron un enorme escándalo. Si tras los sucesos de Castilblanco la opinión pública se solidarizó mayoritariamente con la Guardia Civil, en esta ocasión sucedió lo contrario. Las Cortes pidieron la destitución del jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo. El gobierno de Azaña se negó a hacerlo, pero un mes más tarde lo sustituyó por Miguel Cabanellas y lo nombró jefe de los carabineros.
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