La CNT a comienzos de los noventa
Desde que la CNT se vio confrontada con la realidad cotidiana del país tras la caida de la dictadura, y sobre todo desde que tuvo que realizar la necesaria clarificación ideológica convocando su V Congreso Confederal en 1979, la alianza provisional de grupos, corrientes y tendencias que la integraban saltó por los aires. Aquellos militantes que se habían arrimado al anarcosindicalismo al calor de la reconstrucción de la prestigiosa CNT, la abandonaron rápidamente: cincopuntistas, cristianos, nacionalistas, marxistas heterodoxos, etc. Fracasados sus intentos de controlar la estructura orgánica confederal por medio de una organización paralela y, por eso mismo, derrotados en el Congreso, tomaron su propio camino y, tras la segunda escisión del VI Congreso, dieron lugar a lo que terminaría siendo en 1989 la CGT (Confederación General del Trabajo).
Así pues, la CNT inaguraba una nueva década tras el calvaro vivido a lo largo de los años ochenta. Se enfrentaba al nuevo contexto social e internacional que se abría en la década de los noventa, con la participación en la gestión del capitalismo de las "izquierdas" políticas, la desintegración de la URSS y los inicios de la globalización capitalista.
En abril de 1990 la Confederación celebró su VII Congreso en Bilbao, ya sin los problemas vividos en los dos últimos Congresos. Finalizada la gestión de José Luis García Rua a la cabeza del Comité Nacional, Vicente Vilanova fue elegido nuevo Secretario General de la CNT.
La debilitación de la presencia anarcosindicalista en el movimiento obrero posibilitó la pérdida de derechos adquiridos tras una larga y dura lucha sindical, por la desregulación y precarización laboral implantadas con la peor de las corrupciones que asolaban (y asolan) el país: la corrupción sindical. Una corrupción oficialmente silenciada, que pervirtió el sindicalismo en general a los ojos de los trabajadores, pero que fue protagonizada fundamentalmente por los sindicatos institucionales CC.OO. y UGT (los otros no porque no podían), quienes cobraban (y cobran) subvenciones y sumas millonarias a gobiernos y empresas como pago a su traición, por aceptar cuantas medidas se adoptaban en defensa del capital y su creciente acumulación de beneficios. En este contexto se enmarcaron las numerosas reformas que se llevaron a cabo a lo largo de la década de los noventa, a lo que habría que añadir los procesos en los que se completó la casi total privatización de todo el sector público empresarial y el proceso de reconversión iniciado en los años ochenta.
En 1992 el Gobierno del PSOE llevó a cabo la tercera reforma laboral desde la llamada transición mediante la promulgación del decreto de medidas urgentes de fomento de empleo y protección del desempleo conocidas como el "decretazo". El decretazo suponía un triple recorte: disminuir los parados con derecho a prestación, disminuir la cuantía y el periodo de percepción de las prestaciones, y disminuir la aportación del estado.
Apenas dos años más tarde, con una tasa de paro del 25%, el gobierno impondría una nueva reforma laboral que entre otras cosas se ocupaba de la contratación temporal. Esta reforma también introdujo el contrato de aprendizaje, contrato-basura para los jóvenes. Pero sin lugar a dudas la “medida estrella” tomada en 1994 fue la ley que legalizaba la cesión de mano de obra, el prestamismo laboral, en menoscabo de los servicios públicos de empleo. De este modo junto a la contratación temporal realizada directamente por los empresarios se unía la que facilitaban las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) a través del contrato de puesta a disposición.
Esta última reforma laboral aumentó los márgenes de poder empresarial en el despido, incorporó el llamado despido económico mediante el cual los empresarios tuvieron la potestad de despedir al 10% de la plantilla sin necesidad de recurrir al Expediente de Regulación de Empleo y las condiciones de trabajo se vieron alteradas en aspectos como la movilidad funcional y geográfica, la polivalencia de los puestos de trabajo, la jornada laboral, vacaciones y descansos.
Del 6 al 10 de diciembre de 1995 se celebró el VIII Congreso de la CNT en Granada. Bajo el lema "Por la dignidad de la clase obrera", se desarrollaron las sesiones de este Congreso, al que acudieron unos 400 delegados. El gran reto de CNT era superar la crisis de la lucha social, ante el sindicalismo "a la alemana" de los sindicatos "mayoritarios". Mientras UGT y CCOO pactaban la mediacion en las huelgas, CNT debía tener presencia en la calle, en las diferentes luchas laborales y sociales y, en definitiva, mostrarse como un sindicato asequible, abierto y con medios modernos, en el que se combinaran el realismo ante la situacion actual y la lucha por la transformacón de la sociedad.
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jueves, 7 de julio de 2011
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