El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de
la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar,
gritó: “¡Me cago en Franco!”.
A Timoteo el ataque de sinceridad le costó muy caro: fue condenado a diez años
de cárcel.
Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.
La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando fascista en 1977 editó en 2010 un CD con todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.
“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación.
En un acto en la Universidad Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los jueces estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años.
El CD con las sentencias del TOP muestra hasta qué punto los jueces fueron implacables: el 74 por ciento de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.
Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.
Las peculiaridades de la transición, pilotada por los propios franquistas y pactada con la izquierda vendida, permitió que los magistrados y fiscales del TOP después encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias. No sólo no sufrieron ninguna represalia sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63 por ciento del total fueron en democracia magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen.
“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo.
El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País.
La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Tribunal Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Tribunal Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.
Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Tribunal Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Tribunal Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.
De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Tribunal Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.
Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.
Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.
http://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html
Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.
La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando fascista en 1977 editó en 2010 un CD con todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.
“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación.
En un acto en la Universidad Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los jueces estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años.
El CD con las sentencias del TOP muestra hasta qué punto los jueces fueron implacables: el 74 por ciento de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.
Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.
Las peculiaridades de la transición, pilotada por los propios franquistas y pactada con la izquierda vendida, permitió que los magistrados y fiscales del TOP después encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias. No sólo no sufrieron ninguna represalia sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.
Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63 por ciento del total fueron en democracia magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen.
“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo.
El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País.
La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Tribunal Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Tribunal Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.
Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Tribunal Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Tribunal Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.
De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Tribunal Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.
Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.
Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.
http://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html
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