La Transición española, el período histórico que
sucedió a la dictadura de Francisco Franco (1936-1975), suele ser mencionado
por la clase política de ese país como una época de reconciliación en una
sociedad fracturada. Sin embargo, las víctimas del franquismo consideran que
tuvo como objetivo suprimir la memoria.
Durante las cuatro décadas de dictadura
franquista, 115.000 civiles fueron asesinados. Medio millón de personas fueron
encarceladas y una cifra similar debió partir al exilio. Las personas
contrarias al régimen fueron objeto de robos de propiedades, abusos y demás
vejámenes. Esta realidad está muy presente en la memoria de las víctimas y sus
descendientes, pero son ignorados por gran parte de la sociedad española.
El 15 de junio de 1977, los españoles
acudieron a las urnas por primera vez desde la Guerra Civil (1936-1939) que
enfrentó al Gobierno republicano y los sublevados, encabezados por Francisco
Franco. Las elecciones de ese año fueron uno de los episodios más notorios de
la Transición, el período histórico entre la muerte del dictador en 1975 y la
aprobación de la actual Constitución en 1978.
A 40 años de los comicios, Sputnik
dialogó con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de
la Memoria Histórica de España (ARMHE), para conocer el punto de vista de las
víctimas del régimen y de sus familiares sobre ese hecho. El activista explicó
que desde los movimientos sociales se vive «por un lado con la alegría» de
recuperar las libertades perdidas, aunque al mismo tiempo «cierta amargura»
porque la Transición es mostrada por «los más poderosos de sus protagonistas»
como un proceso «idílico» de reconciliación entre los españoles.
«Hay muchos
problemas todavía, que tienen que ver con las violaciones de derechos humanos
de la dictadura no resueltas. Nosotros todavía estamos peleando para darles
respuesta y contrarrestar la versión oficial que dice que esto quedó laudado en
los años 70 y que no hay nada que arreglar», comentó Silva.
Desde la misma celebración de los
comicios, la Transición dejó por afuera a algunos sectores de la sociedad
española. Rodolfo Martín Villa, «un destacado dirigente vinculado al
falangismo, el partido fascista español», fue el encargado de decidir cuáles
partidos iban a ser legalizados y podrían presentarse a las elecciones. Todos
aquellos que reclamaban el restablecimiento de la República y no aceptaban la
amnistía continuaron en la clandestinidad.
El funcionario estuvo además implicado
en episodios de represión, como el asesinato en 1976 de cinco trabajadores que
realizaban una huelga en Vitoria, la capital del País Vasco. Bajo sus órdenes,
la Policía entró a una concentración de manifestantes y abrió fuego, provocando
100 heridos de bala además de los decesos.
«Paradójicamente
es la persona que ha elegido el Congreso de los Diputados español para que la
semana pasada encabezase un acto de los muchos que se están haciendo en el
aniversario de aquellas elecciones», puntualizó Silva, cuyo abuelo murió
asesinado por el franquismo y permaneció desaparecido, hasta que se encontraron
sus restos hace 15 años.
El debate de lo acontecido en esos años
trasciende a los partidos políticos que participaron en las elecciones, que
acordaron «un pacto de silencio» y aceptaron «escribir un borrón y cuenta
nueva». A criterio del entrevistado, durante los 40 años de dictadura hubo un
‘apartheid’ que marginó a los perdedores de la guerra y sus familias. Esto se
vio traducido en el acceso a la educación.
«Los que han
ido en los años 50, 60 y 70 a la Universidad son los hijos de vencedores de la
guerra, quienes tenían los recursos económicos o el apoyo político para acceder
al estudio y son los que han gestionado la vida política de este país desde que
murió Franco. No están solo en la derecha. Los que accedieron a este privilegio
están en todas partes [del espectro político]», dijo Silva.
A modo de ejemplo, citó un estudio
realizado por alumnos de Ciencia Política de la Universidad Complutense de
Madrid, que consistió en realizar el árbol genealógico de todos los ministros
de los Gobiernos de España desde la muerte de Franco en adelante. A partir de
entonces, han estado al mando del país tres partidos: la extinta Unión de
Centro Democrático (1977-1982), el Partido Socialista Obrero Español (1982-1996
y 2004-2011) y el Partido Popular (1996-2004 y 2011 hasta el momento).
«Casi el 90% de los
miembros de todos esos Gobiernos eran hijos de
vencedores de la guerra y casi ninguno de ellos (…) ha hecho nada, ninguna
decisión política que pueda atentar contra sus privilegios de clase», comentó
el activista por los derechos humanos.
No solo en España tuvo efecto la
dictadura franquista. En América Latina, los intelectuales exiliados de la
República aportaron a la cultura, el pensamiento y la vida política de los
países donde encontraron refugio. Pero también algunos se nutrieron de los
ideales del totalitarismo español de la época.
«[El historiador y escritor uruguayo]
Eduardo Galeano me contó una vez cómo escuchaba de pequeño las canciones de la
guerra de España en el barrio que vivía. Eso formaba parte de su memoria
política y sentimental. España ha sembrado eso, pero también algunos aprendices
de Franco. Quizás el máximo exponente de ellos era [el dictador chileno]
Augusto Pinochet que claramente tenía una profunda admiración por él», comentó.
A más de 70 años del comienzo de la
dictadura, desde el otro lado del Atlántico se abrió para muchos españoles una
ventana de esperanza en su busca por la verdad, la memoria y la justicia. En
2008, el juez español Baltasar Garzón fue impedido de investigar los crímenes
del franquismo en su país. En ese momento, los familiares recurrieron al principio
de justicia universal y radicaron una demanda en Argentina.
La jueza argentina María Servini de
Cubría llevó adelante una causa iniciada en 2010, en principio por la
desaparición de Severino Rivas, el alcalde de un pueblo de Galicia desaparecido
durante la Guerra, pero luego se fueron sumando casos, como el del último
ejecutado por garrote vil en España, el militante anarquista Salvador Puig
Antich, asesinado en 1974.
Los pedidos de Servini de Cubría
permitieron llevar adelante exhumaciones en fosas comunes, a las que distintos
agentes judiciales españoles ponían obstáculos, de acuerdo con Silva. Un
personaje notorio dentro de esta causa es Ascensión Mendieta, una mujer de 92
años que con 87 viajó de España a Buenos Aires. La anciana acudió a pedir ayuda
a la magistrada argentina para cumplir su deseo de ser enterrada algún día
junto a su padre, Timoteo Mendieta, asesinado por el franquismo.
Hace pocos días, en una fosa se
encontraron los restos del hombre, que permaneció desaparecido durante 78 años.
Encontraron en su mismo lugar de entierro otros 24 cuerpos, además de tres
tumbas individuales. Hasta el momento, 27 familias esperan realizarse análisis
con la esperanza de que entre esos huesos estén los de sus familiares.
«Sigue siendo
triste que sea la Justicia argentina la que ha ordenado esa exhumación. La
ausencia de las instituciones españolas es una forma de castigo a las víctimas
de la dictadura. El Gobierno de España presume de ser un paladín de la lucha
por los derechos humanos. Un Estado que ha abierto causas de justicia universal
en Chile, Argentina, Guatemala, El Salvador, Ruanda y el Sáhara es incapaz de
tratar de construir justicia en su país. Yo creo que lo que aquí se dio en la
Transición fue dejar que trabajara el miedo y que todas las Ascensiones
Mendietas dejaran de hablar», comentó el presidente de la ARMHE.
Para Silva, «el diseño político que se
había hecho [en la Transición] de dejar pasar el tiempo y que acabara con esa
generación no va a poder ser». Esto queda de manifiesto cada vez que se abre
una nueva fosa común. Desde el año 2000, 300 han sido destapadas. El activista
expresó que cada una de ellas «es un espejo donde la sociedad española está
viendo lo que fue la dictadura».
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario