Un
capítulo negro de la historia de España
Centenares de nuevos documentos evocan la vida de los presos en los campos
de concentración de la dictadura - El Tribunal de Cuentas cede sus fondos a
Cultura
La burocracia lo justifica todo por escrito. También la ignominia y la
miseria. "Vale por dos botes de leche para un evadido enfermo procedente
del campo rojo, por prescripción del médico". El 23 de febrero de 1938, el
cabo de guardia autorizó en una nota manuscrita el extra alimenticio (¡dos
botes de leche!) a un enemigo enfermo. Luego estampó el sello de la Comandancia
Militar de Fraga (Huesca). Mientras los españoles se mataban entre sí, la
miseria y la ignominia avanzaban haciendo estragos.
La nota de los botes de leche viajó por un intrincado laberinto hasta
acabar en el Tribunal de Cuentas. Igual que centenares de documentos similares.
Vales donde se da cuenta de las latas de atún, sardinas, "vaca
ajardinada", libras de chocolate, alubias, café o mermelada que se
distribuían a soldados y prisioneros durante la Guerra Civil y la posguerra. Es
una pequeña memoria de la miseria. Pero el Tribunal de Cuentas conserva también
la gran memoria de la ignominia: los movimientos en 132 campos de concentración
y 541 batallones de prisioneros forzados a trabajar en obras militares o
civiles tras ser apresados por el ejército sublevado. Sus integrantes fueron la
avanzadilla de los llamados "esclavos de Franco", que reconstruyeron
buena parte de lo destruido durante la Guerra Civil. Este fondo podrá ser
consultado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde
la subsecretaria de Estado de Cultura, Mercedes de Palacios, depositará las 145
cajas procedentes del Tribunal de Cuentas, tras el convenio firmado entre el
presidente del organismo, Manuel Núñez y la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, hace un año. EL PAÍS ha tenido acceso a su contenido.
- Altas y
bajas. En estos fondos se pueden rastrear numerosas identidades de quienes
pasaron por 132 campos de concentración y quienes nutrieron 541 unidades de
trabajadores forzosos (acuñadas bajo diferentes denominaciones: batallones
disciplinarios de soldados trabajadores, batallones de trabajadores...). Hay
listados con las altas y bajas de cada mes. Una copia se remitía al Tribunal de
Cuentas para justificar el dinero necesario para alimentar a los detenidos y,
en el caso de los batallones, para pagarles por su trabajo. Un ejemplo: el
campo de concentración de Huelva comienza a funcionar en febrero de 1939 con
3.202 prisioneros. En julio se cierra con 662. Los listados detallan los
nombres de cada recluido y su destino: a disposición del gobernador civil,
pendiente de la comisión clasificadora, al inspector de carabineros,
hospitalizado, en libertad o fallecido.
- Documentos
perdidos. Durante años, los investigadores han ignorado el fondo del Tribunal de
Cuentas. Por puro desconocimiento. El historiador Francisco Espinosa fue el
primero en acceder a él a finales de 2008. Hace dos días, como quien dice, y
tuvo que batallar, con el apoyo de la abogada Eva Moraga, contra el hermetismo
del Tribunal de Cuentas. "Ese archivo estaba silenciado, no tenían interés
en que se conociera, supongo que por simple pereza burocrática", reprueba
Espinosa. "Carecíamos de espacio para atender a investigadores, se hizo un
esfuerzo por habilitarlo y desde entonces hemos recibido a 16
investigadores", contrapone la subdirectora jefe de archivo del Tribunal
de Cuentas, Soledad Cases. "No fue para ocultar ni para negar", agrega.
Lo cierto es que, aún el 3 de junio de 2008, el secretario general del Tribunal
de Cuentas, José Antonio Pajares, afirmaba en un escrito que no se podían
consultar los fondos de batallones y campos de concentración debido a que
"las deficiencias constructivas del edificio" donde se almacenaban
había obligado a clausurarlo "por motivos de seguridad". En la carta
de respuesta a Espinosa, se omitía señalar que los fondos ya habían sido
digitalizados. Javier Rodrigo, que manejó una apabullante documentación para su
tesis sobre los campos, no pudo acceder a estos datos. "Cuando preparé mi
tesis, no lo sabía. No estaba recogida en los fondos históricos estatales,
aunque intuía que tenía que existir una documentación económica sobre las altas
y bajas de cada campo". Y lamenta que no cumplieran los requisitos de un
archivo: publicidad, catalogación y disponibilidad.
- Ironías
de los archivos. Antes que los historiadores, llegaron los represaliados con sus
peticiones. Desde 2002, al ritmo de las indemnizaciones públicas para quienes
habían sido encarcelados y castigados por sus ideas políticas, 3.229 personas
pidieron al Tribunal de Cuentas que certificase su paso -o el de un familiar-
por un batallón o un campo de concentración. Según Soledad Cases, en 1.820 casos
se dio una respuesta negativa. Con la transferencia de estos fondos al
Ministerio de Cultura, corresponderá a partir de ahora al Centro Documental de
la Memoria Histórica expedir los futuros certificados para los represaliados
republicanos. Un irónico giro administrativo: el fichero general del centro
salmantino sirvió para rastrear las veleidades "rojas" de los
demandantes de empleo durante la dictadura.
- Campos
de reeducación. Javier Rodrigo, el historiador que ha investigado más a fondo el
sistema de campos del franquismo, ha contabilizado 188, que permanecieron
operativos en algún momento entre 1936 y 1947. "Fueron internamiento,
clasificación, reeducación y origen de explotación. También fueron humillación,
hambre, maltrato, disciplina, descontrol, lucha por la integridad y
transformación. Y, en muchos casos, eliminación física. Pero que nadie se llame
a engaños: su objetivo no fue nunca asesinar a sus internos (de eso se
encargaría la justicia militar), sino ser el bisturí social con el que separar el
bien del mal, la España de la anti-España", escribe en su libro Cautivos. Campos de concentración
en la España franquista (1936-1947) (Crítica). Por esos recintos pasaron
entre 367.000 y 500.000 prisioneros de guerra republicanos y, a partir de 1940,
refugiados de la II Guerra Mundial. Los campos nutrían masivamente a los
batallones de trabajadores.
- Reconstruir
la ruina. Se destruyó entre todos, se reconstruyó en buena parte con los
perdedores. Los prisioneros republicanos, agrupados en batallones y unidades de
trabajo, acometieron significativas obras, como se constata en los fondos del
Tribunal de Cuentas. El batallón de trabajadores número 31, formado por 388
prisioneros, lo hizo en el aeropuerto de Labacolla, en Santiago. Cobraban en
febrero de 1940, según lo firmado por el comisario de guerra, 2,50 pesetas
diarias. Del campo de concentración de la plaza de toros de Zaragoza, donde se
hacinaban 2.148 republicanos en abril de 1939, salió la mano de obra para
trabajar en el pantano de la Muedra (189 prisioneros), el ferrocarril entre
Soria y Castejón (299), las minas de Utrillas (199) y los puertos de Castellón
y Vinaroz (393). La explotación laboral se mantuvo también con los presos de
las cárceles -que sí habían sido juzgados y condenados- en un complejo
entramado de cesión de mano de obra a instituciones y empresas privadas que
haría las delicias de una empresa de trabajo temporal inmisericorde. Entre las
obras más simbólicas legadas por este sistema figuran el Valle de los Caídos o
el Canal del Guadalquivir, construidas ambas por presos que creían redimir
penas.
- Víveres recortados. El lenguaje repetitivo y plano
de los papeles militares esconde pistas. Se podría decir que el jefe del
batallón de trabajadores de Belchite era más generoso con sus prisioneros que
el jefe del campo de San Pedro de Cardeña, en Burgos. Verán por qué. En abril
de 1939, el primero certifica que "en el mes anterior no se ha podido
obtener ninguna economía en la compra de víveres para la confección de
ranchos". El segundo, por el contrario, escribe ufano que "las
economías realizadas durante el mes de la fecha importan la cantidad de
14.277,6 pesetas, diferencia entre lo reclamado y lo invertido, cuya cantidad
será ingresada en el Banco de España en la cuenta corriente de la Inspección de
Campos de Concentración".
- Miranda de Ebro, el más longevo. Se cerró en 1947. Su historia está casi más vinculada a la II Guerra Mundial, ya que albergó a numerosos refugiados. En los listados del Tribunal de Cuentas se suceden apellidos como Wilson, Weil, Van Derber, Roux, Rivière, Sorel, Zalewski o Zielinski. En agosto de 1943 había 3.265 extranjeros. Durante un tiempo se mezclaron sin sentido alemanes, judíos, franceses, británicos y polacos, hasta que los conflictos obligaron a delimitar zona aliada y zona germana en el campo.
LA HUELLA DOCUMENTAL DEL DRAMA
- En la reconstrucción del nuevo pueblo de Belchite trabajaron prisioneros extranjeros que habían combatido en las filas de la República. En febrero de 1940 había 303 extranjeros. Cada uno cobraba 2,50 pesetas diarias.
- Además de Miranda de Ebro, que funcionó entre 1937 y 1947, en Burgos se abrieron campos en Aranda de Duero, Lerma, San Pedro de Cardeña y Valdenoceda.
- Córdoba, con 17, fue la provincia con más campos de concentración. Le siguieron Granada (10), Badajoz (8) y Alicante (8).
- Miranda de Ebro, el más longevo. Se cerró en 1947. Su historia está casi más vinculada a la II Guerra Mundial, ya que albergó a numerosos refugiados. En los listados del Tribunal de Cuentas se suceden apellidos como Wilson, Weil, Van Derber, Roux, Rivière, Sorel, Zalewski o Zielinski. En agosto de 1943 había 3.265 extranjeros. Durante un tiempo se mezclaron sin sentido alemanes, judíos, franceses, británicos y polacos, hasta que los conflictos obligaron a delimitar zona aliada y zona germana en el campo.
LA HUELLA DOCUMENTAL DEL DRAMA
- En la reconstrucción del nuevo pueblo de Belchite trabajaron prisioneros extranjeros que habían combatido en las filas de la República. En febrero de 1940 había 303 extranjeros. Cada uno cobraba 2,50 pesetas diarias.
- Además de Miranda de Ebro, que funcionó entre 1937 y 1947, en Burgos se abrieron campos en Aranda de Duero, Lerma, San Pedro de Cardeña y Valdenoceda.
- Córdoba, con 17, fue la provincia con más campos de concentración. Le siguieron Granada (10), Badajoz (8) y Alicante (8).
TEREIXA CONSTENLA - EL PAÍS - Salamanca - 11/03/2010
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