Integrado por jueces, políticos, abogados,
escritores y demás personalidades de España y Europa, buscó el fin de la
impunidad de los crímenes franquistas. Fuerzas policiales detuvieron a buena
parte de sus miembros días antes de aprobarse la Constitución, hace ahora 35
años
Una
iniciativa ciudadana buscó, en 1978, edificar una democracia que no olvidara a
los desaparecidos en fosas comunes del franquismo y que juzgara a los
responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Se trataba del Tribunal Cívico Internacional contra los crímenes franquistas,
formado por políticos de la Segunda República, jueces, abogados, jóvenes
militantes, periodistas, profesores, escritores, artistas.
El
magistrado Enrique Álvarez Cruz, el subdirector de Mundo Diario Eduardo Álvarez
Puga, el escultor Ferran Soriano, el periodista de Interviú José Luis Morales,
el presidente de la Diputación de Huesca durante la República Jaime Pla y el
teniente de las milicias populares durante la Guerra Civil, Juan José Garrido,
que afrontó cinco consejos de guerra, fueron algunas de las personalidades que
promovieron la iniciativa.
"En la España de 1978, tres
años después de la muerte del tirano, sigue siendo delito ser
antifascista"
A finales de
octubre de 1978, los miembros del Tribunal intentaron sentar las bases de un
programa político que incluyera la investigación y la condena moral y pública
de los crímenes e injusticias del franquismo; indemnizaciones morales y
materiales a las víctimas y homenajes nacionales e internacionales "a
todos los luchadores antifascistas y republicanos españoles
represaliados".
Después de
tres años convulsos de transición a la democracia -que se saldaron con cerca de 600 muertes por violencia política- el
Tribunal se propuso también "denunciar y condenar la continuación de la
represión fascista y de los cuerpos represivos del franquismo, así como las
flagrantes violaciones de las libertades democráticas que prosiguen bajo la
monarquía", según las bases de su programa. Este ideario debía
transformarse en un proyecto de ley que reconociera el carácter fascista de la
dictadura de Franco, la condenara y, también, determinara las medidas para
reparar a las víctimas. La previsión era que este proyecto fuera defendido en
las Cortes por los parlamentarios Audet y Xirinachs, que había apoyado
públicamente al Tribunal.
"Imagino que nos temían, y eso
les movió a detenernos"
Esta
iniciativa ciudadana surgió a raíz de un grupo de militantes del PCE marxista
leninista, y puso en entredicho el espíritu de la Transición
probando que, en el proceso del consenso, la salida de la dictadura podía
realizarse de una manera diferente. El Tribunal visibilizó la realidad de
quienes se quitaron la losa del miedo e intentaron alcanzar una democracia
distinta a la dirigida por las fuerzas franquistas. Pero les apagaron la voz
casi antes de empezar a alzarla.
El 28 de
noviembre de 1978, una semana antes del referéndum constitucional, miembros del
Tribunal se reunieron en el hotel Convención, en Madrid, para asentar las bases
de su programa y dar forma a sus siguientes acciones. A las dos horas, la
policía asaltó la sala de reuniones y detuvo a una veintena de integrantes de
la junta promotora del Tribunal, junto a cinco periodistas que iban a cubrir
las conclusiones del encuentro.
"Imagino
que nos temían, y eso les movió a detenernos", elucubra Pablo Mayoral, uno
de los últimos sentenciados del franquismo a pena de muerte y miembro entonces
del PCE marxista-leninista. Mayoral fue también uno de los detenidos. Pasó
tres días en la Dirección General de Seguridad [DGS] dando todo tipo de
explicaciones. "Insistían en saber qué pretendíamos, a qué organización
pertenecíamos y qué actividades hacíamos", detalla. Algunos de los
detenidos fueron el expresidente del PSOE de Navarra Jesús Zalacaín, el
escritor Enrique Cerdán y la jurista y profesora de la Universidad de Zaragoza
Katia Acin, entre otros. "En la reunión también se encontraba el senador
Audet, pero le llamaron por teléfono justo antes para que abandonara la
sala", añade Mayoral. No procesaron a ninguno de ellos.
La ciudadanía no pedía revanchas, ni
permanecer anclada en el pasado, sino exigir "libertad y
justicia"
Antes de la
que policía política, por entonces ya denominada Brigada de Información,
disolviera el encuentro, los miembros del Tribunal llegaron a aprobar las bases
de su programa. Tenían claro que la ciudadanía no pedía revanchas, ni
permanecer anclada en el pasado, sino exigir "libertad, justicia y
honradez". Y el modo de lograrlo, a su juicio, era la rehabilitación de la
lucha de los hombres y mujeres que dieron su vida por la democracia. "Los
crímenes contra la humanidad no prescriben, y solo entendiéndolo así
puede edificarse la democracia y liquidar el franquismo en todos sus
aspectos", defendieron en un comunicado en noviembre de 1978.
La transición como burla al antifascismo
El Tribunal
calificó como política del borrón y cuenta nueva los ‘pactos de silencio' sobre
el pasado reciente, consensuados por la mayoría de fuerzas políticas y
convertidos en la piedra angular de la transición. "Llamar reconciliación
al silencio sobre los 40 años de terror, tal y como pretenden el poder
continuista y algunos políticos arribistas [en constantes referencias a Felipe
González y Santiago Carrillo], sería burlarse de los sentimientos antifascistas
del pueblo español", sostenía.
La democracia incipiente iba a
reducir al silencio y al olvido los crímenes cometidos por el franquismo
La
democracia incipiente iba a reducir al silencio y al olvido los crímenes
cometidos por el franquismo y, según los miembros del Tribunal, esto iba a
suponer "una mutilación de la historia de graves consecuencias".
"Pretender edificar así una democracia es una empresa utópica o una
maniobra de quienes quieren ocultar sus propósitos de perpetuar la opresión
fascista bajo otras formas", anunciaron.
Como
reacción ante las detenciones en Madrid, el Tribunal emitió varios comunicados
condenando los hechos y lamentando que "en la España de 1978, tres años
después de la muerte del tirano, sigue siendo delito ser antifascista". El
escritor José Bergamín dijo al respecto: "Hoy, todo lo que es o se llama
político es policiaco, y se trata en el fondo de que la guerra civil
tradicional española se convierta en una cuestión de aparente orden
público".
Asimismo,
miembros de la junta promotora del Tribunal deploraron que ese mismo mes se
habían autorizado manifestaciones de corte fascista, como la de Fuerza Nueva el
19 de noviembre en memoria de Franco, con un servicio de autobuses hacia la
plaza de Oriente de Madrid, y otro acto de homenaje a Primo de Rivera un
día antes . Además, en el caso del Tribunal, aseguraron haber alquilado la sala
al gerente del hotel, comunicando expresamente el motivo la reunión, "y
cumpliendo los requisitos de la legislación vigente", explicaron en la
publicación Vanguardia Obrera.
42 detenidos en Valencia
Un mes antes
de las detenciones en Madrid -episodio que supuso el inicio del declive del Tribunal-
la iniciativa se dio a conocer en un acto de homenaje a represaliados en
Paterna, Valencia. Diez días después, se presentó el Tribunal en Alicante. A
tierras valencianas volvieron para recabar información sobre los fusilados allí
y abordar el asunto de levantar un monumento de homenaje a los desaparecidos.
A finales de
diciembre de 1978, el Tribunal sufrió otro varapalo con la detención de 42
miembros en Valencia en una reunión en la que iban a presentar a la prensa
local sus objetivos. El cambio de nombres a las calles que rendían homenaje a
responsables de la dictadura era una de estas metas.
Desde José Bergamín a Marisol
De manera
continuada durante los meses que perduró, el Tribunal fue recibiendo adhesiones
de relevantes figuras del mundo intelectual, político y cultural de España,
Francia, Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. "Había que exigir
responsabilidades, también en el plano internacional porque la dictadura estuvo
ligada al régimen nazi en Alemania y al fascista en Italia", explica Mayoral.
"En el 'maquis' de Cevennes,
los primeros cuadros que teníamos eran los españoles que habían vivido la
Guerra Civil"
El cineasta
holandés Joris Ivens expresó su apoyo recordando su lucha en España en la
Guerra Civil con las Brigadas Internacionales. "Si España tiene realmente
la voluntad de ser una democracia, tiene que acabar radicalmente con
el fascismo", manifestó en su carta de adhesión.
El 2 de
diciembre de 1978, el Tribunal recaló en Ginebra, en un acto ante 300
personas entre las que se encontraba uno de los vicepresidentes de la ONU, que
visibilizó su simpatía pero no ratificó su adhesión. Sí lo hicieron los
diputados suizos Peregaux y Longuet, el consejero de Estado André Chavanne y el
abogado y miembro del parlamento Suizo por el partido socialista Jean
Ziegler.
También se
formó una sección en Francia, país del que llegaron adhesiones de escritores
como Jean Pierre Chabrol, quien rememoró a los españoles que lucharon en la
resistencia francesa durante la Segunda Guerra
Mundial. "Recuerdo que en el ‘maquis' de Cevennes, los primeros
cuadros que teníamos eran los españoles que habían vivido la Guerra Civil; al
lado de ellos, nosotros éramos chiquillos", plasmó en su misiva de apoyo.
En España,
personajes del mundo del espectáculo como la actriz Josefa Flores ‘Marisol', el
bailarín Antonio Gades y el entonces músico y poeta José Antonio
Labordeta fueron algunas de las figuras públicas que expresaron su
apoyo hacia la iniciativa.
"Visto que no había voluntad de
procesar al franquismo, reconvertimos todo en homenajes con gente de la
cultura"
Estos
personajes públicos tuvieron un papel importante en la prolongación del ideario
del Tribunal una vez extinguido. La acción del mismo llegó a realizar
algunos homenajes a víctimas y a publicar boletines informativos. En abril de
1979, uno de sus últimos actos congregó en Vallecas a un millar de personas en
un homenaje al cantante andaluz y militante de izquierda Luis Marín,
muerto tras ser atropellado por un coche en pleno Paseo de Recoletos.
"Visto que no había voluntad de procesar al franquismo, reconvertimos todo
en homenajes en los que unimos a muchas fuerzas políticas y a gente
de la cultura", relata Mayoral.
En la nueva
etapa, a mediados de los 80, con el impulso de los apoyos recibidos pero ya sin
el nombre del Tribunal, miembros de la junta que lo promovió editaron un disco
con cantautores como Luis Llach y Joan Manuel Serrat, organizaron cuatro
exposiciones con pintores del momento como Saura, Cánovas y Gordillo y
congregaron a multitudes en actos culturales en Madrid y
Barcelona. Todo, con la reivindicación de fondo de que las víctimas
del franquismo no cayeran en el olvido.
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