La explotación
económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear
a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
Compañías públicas y
privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de
obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
El trabajo esclavo forma parte de la
querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria
Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación"
de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.
El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel
a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra".
Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de
obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e
instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier
sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen
limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de
aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.
Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las
cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a
batallones de trabajadores forzados. BanúsHermanos, SanRomán, Huarte, Agromán o Dragados
y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la
oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios
"para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista".
Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así
reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye
desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando
la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) . Y en la
ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas
"copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.
"Botín de guerra" para los golpistas
"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe,
constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte oBanús,
mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales
como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La
Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del
proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez
Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones
hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas".
"¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en
Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de
guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y
debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una
tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los
Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica
en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a
la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo
sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o
menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de
Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19):
"Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de
Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de
reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los
trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo
marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún
cómo motivará la participación de las empresas implicadas.
Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"
¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las
empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la
puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que
declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere
"candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de
"Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS),
José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona),
Gonzalo Ferre, deInfraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio
Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte(OHL)".
Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que
nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times
Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que
han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario
sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de
los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine
a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso
se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e,
incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un
poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron
"imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por
Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que
las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras,
también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración
convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11
de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo
(PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de
prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios
ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos
públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de
Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de
Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del
Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que
cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque
no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados
En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José
Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les
fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden
a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del
Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación
Elorz).
Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de
Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores,
Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias,
gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras,
de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos
y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como
empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano
y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y
Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña),
la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro
Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de
Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria oIbérica
de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería
y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto
a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo
en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región,
con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos.
Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron
prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi
interminable "que no se ha estudiado a fondo".
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