La llamada huelga de ‘La Canadiense’ fue
un paro importante del sector eléctrico, convirtiéndose después en Huelga
General, que comenzó el 5 de febrero de 1919 y que se prolongó durante 44 días
paralizando el 70% de toda la industria de Cataluña. Dicha huelga se convirtió
en la más importante, por sus logros, de la historia del movimiento obrero
hispano. En ella se consiguió el aumento salarial, la readmisión de los
trabajadores despedidos y lo más importante de todo: la promulgación del
Decreto de la jornada de ocho horas de trabajo, siendo así el Estado español el
primer Estado en promulgar dicha ley.
Nos encontramos a finales de enero de
1919, y la compañía Riegos y Fuerzas del Ebro -conocida
popularmente como La Canadienseya que el principal accionista
era el Canadian Bank of Commerce of Toronto- baja drásticamente los
sueldos a sus trabajadores, bajo la excusa de que los obreros eventuales han
pasado a ser fijos. Paralelamente, el sindicato anarquista CNT crea el
Sindicato Único de agua, gas y electricidad, al que se afilian gran parte de
los trabajadores de La Canadiense. La guerra social entre la
patronal y el proletariado militante aumenta desde que el sindicalismo
revolucionario deja de estar fragmentado y pasa a conformar sindicatos únicos
de ramo o industria. Ante esta situación, con los primeros despidos de
trabajadores por quejarse, el 5 de febrero de 1919 parte de la plantilla da
inicio a una huelga de “brazos caídos”, siendo reprimidos y expulsados de los
puestos de trabajo por la propia policía. Y como si se tratara de un efecto
dominó, la solidaridad se va extendiendo por todas las secciones de la empresa
y por otras empresas de energía.
La huelga comenzaba a ser ya un gran
problema desde el primer día, pues la población –y el resto de industrias-
dependía de La Canadiense para vivir. La acción de protesta en
el sector eléctrico e hidráulico no solo lo paralizó, sino que obligó a
suspender las demás industrias que dependían de él para seguir en funcionamiento.
Durante las siguientes dos semanas se unió a la huelga la industria textil, tan
importante en la Cataluña de principios del siglo XX,reivindicando la jornada
laboral de ocho horas y el fin del trabajo infantil. La situación de Barcelona
y casi toda Cataluña no tenía precedentes; tranvías paralizados, hogares e
industrias sin energía, interrupción de la prensa y fallida del alumbrado
público.
Ante tal situación, el Conde de
Romanones confiscó La Canadiense y puso en los puestos de
trabajo a ingenieros del ejército español. A finales de febrero -con el 70% de
la industria catalana totalmente paralizada- entre la participación del capitán
general, Milans del Bosch, que pretendía declarar el estado de guerra, y la del
Gobernador Civil de la ciudad, que buscaba negociar con los trabajadores, la
empresa dictó sentencia: o volvían a sus puestos de trabajo el 6 de marzo todos
los trabajadores o serían despedidos. Tal sentencia no hizo más que avivar la
llama revolucionaria, provocando que el Sindicato Único de artes gráficas de la
CNT proclamara la llamada censura roja. Esta consistió en una
acción conjunta de todos los periodistas de Barcelona que comunicaron a sus
directores que no publicarían ninguna noticia considerada negativa para la
clase trabajadora. Llegado el mes de marzo, la situación era ya incontrolable
por parte del Gobierno, así que decidió declarar el estado de guerra, con un
nuevo Gobernador Civil llamado Carlos Montañés (encargado de la empresa) y un
nuevo jefe de policía, Gerardo Doval. A mediados de mes, el castillo de
Montjuïc ya albergaba a tres mil trabajadores presos.
Finalmente, el 17 de marzo de 1919, los
representantes de La Canadiense y el comité obrero llegaron a
un acuerdo, en el que se aumentó el salario, se promulgó el decreto de la
jornada laboral de ocho horas, la libertad de los presos y la readmisión de los
primeros huelguistas despedidos.
El 19 de marzo de 1919, entre 20.000 y
35.000 trabajadores, según diversas fuentes, se reunieron en la plaza de toros
de las Arenas de Barcelona para ver si los huelguistas aprobaban la negociación
entre la patronal y el comité obrero. Finalmente, se aceptaron los resultados
de forma unánime y se dio un margen de tres días a las autoridades para liberar
a los presos bajo jurisdicción militar, con la amenaza de otra huelga general
si no se llevaba a cabo.
De esta manera, el 3 de abril de 1919 el
Conde de Romanones promulgaba el Decreto de la jornada de ocho horas.
Sin embargo, antes de la promulga, la
huelga no se había terminado del todo, pues ante la traición del acuerdo y la
falta de libertad de muchos huelguistas, el 24 de marzo se inició otra huelga
general para conseguir excarcelarlos –tal y como habían amenazado-.
Los trabajadores más radicales de
Barcelona y alrededores se lanzaron a la calle, no solo por la libertad de sus
compañeros presos, sino como forma de protesta contra la línea posibilista que,
liderada por Salvador Seguí, hacía un llamamiento a la calma y a la negociación
con la patronal. El 25 de marzo, frente a esta situación, el Gobierno español
decidió suspender las garantías constitucionales en todo el Estado; así, el
ejército y el Somatén tomaban las calles para reprimir a cualquiera que fuera
sospechoso de ser sindicalista, además de obligar a los comercios a abrir. Se
ilegalizaron los sindicatos, se clausuraron sus locales y se incautó toda su
documentación, seguidamente del procesamiento a todos los delegados sindicales.
También se prohibió cualquier tipo de ayuda económica a los huelguistas. La
Canadiense acusó a la Gobernación de Barcelona de “débil”, lo cual
provocó la dimisión del jefe de policía y del propio Conde de Romanones. Se
formaba así un nuevo gobierno presidido por Antonio Maura.
El 9 de abril, desde la patronal se
amenazó con el ‘locaut’, es decir, con el cierre de las empresas si los
trabajadores se ponían en huelga y así no tener ningún derecho económico. Tras
la marcha del Gobierno de Maura tres meses después, y la continua guerra social
que parecía no tener fin, el 11 de octubre de 1919 se creó la Comisión Mixta de
Trabajo. Esta estaba conformada por representantes obreros y de la patronal, en
un intento de dar solución al problema; sin embargo, debido a la radicalidad de
unos y de otros, tal comisión no sirvió para su cometido original.
Los ‘locauts’ patronales comenzaron a
hacer estragos en la clase trabajadora, la cual se veía abocada al paro forzoso
y a la más estricta miseria; esto no hizo más que avivar aun más la llama de la
guerra entre la clase empresarial y el proletariado militante. La CNT no se quedó
de brazos cruzados y sus militantes radicales, los que casi 10 años después
conformarán la FAI, empezaron a ganar terreno a los militantes más moderados,
comenzando así la etapa de los atentados personales contra policías,
empresarios y esquiroles, siendo esto el preludio de lo que meses después se
llamaría el pistolerismo.
El conflicto, lejos de solucionarse, se
agrandó cada vez más y más. Durante la huelga de La Canadiense se
sucedieron hasta tres gobiernos (el de Romanones, Maura y Sánchez de Toca), y
ninguno supo poner fin a la guerra social entre clase trabajadora y patronal.
La huelga de La Canadiense fue
un punto de inflexión para la clase obrera catalana en general, y para la clase
obrera anarcosindicalista de la CNT en particular, pues debilitó al sindicato
anarquista pero, por contrapartida, auspició el aumento de los militantes
radicales frente a los moderados o posibilistas.
Los continuos estados de guerra, la
represión generalizada y los ‘locauts’ mantuvieron a casi toda Cataluña
paralizada, con un sindicalismo echando un pulso con la burguesía y el Estado,
del cual salió derrotado y débil. La respuesta a partir de aquí fue el
terrorismo ‘de masas’, es decir, el pistolerismo generalizado contra los
enemigos de la clase obrera y la revolución, a la cual la burguesía no iba a
esperar de frente, pues se defendería –y atacaría- con sus propios pistoleros
mercenarios y con el llamado Sindicato Libre.
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