Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un
grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de
ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y
el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y
explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva
del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por
razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos
en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes
más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados
rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar
los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su
funcionamiento “normal”.
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen
un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para
hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas.
Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud
rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra
ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su
actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para
nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus
experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la
ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención contra la tortura y
la necesidad de otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia
Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y
denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su
indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator
especial”, el Comité contra la tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de
la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han
denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado
español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas
situaciones institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación
de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todos las convenciones,
protocolos y pactos internacionales de prevención de la tortura habidos y por
haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa
siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores y
administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la
impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado
legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención
incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan
cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias
ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia
que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte
de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de
sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente,
a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la
población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de
opinión”.
Por otra parte, los mecanismos recientemente creados en cumplimiento de los
acuerdos internacionales de prevención de la tortura suscritos por el Estado
español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo
Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha
mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha
borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer
informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo
caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar
Garzón, acostumbrado, en el ejercicio de sus funciones en ese tribunal de
excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales
consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil
veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los
imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las
denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos.
Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”,
mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva
de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura,
compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del
territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en
común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de
la tortura desde la “sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las
actividades propias de cada grupo, además de elaborar y difundir de forma
sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una
base de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio
de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de casos
denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de
que la tortura está generalizada en todo el territorio del estado español, en
todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido objeto de numerosas
denuncias todas las policías, carceleros y agentes de seguridad del Estado.
Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen
constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las
instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar la
limitación de la implantación territorial y acceso a la información de los
colaboradores de la coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que
llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones
sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más
testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se
encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a
merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”,
“resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los
funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante;
la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan
tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la
autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial
efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las
denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción
administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de
quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos
casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente
se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión
de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos
aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de
dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos
convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión
sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta
situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en
su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes
del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el
cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su
percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo
insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión
aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un
estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del
preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La
cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración
carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su
derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y
predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las
condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación
de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; el desarraigo
social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono
higiénico-sanitario; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los
abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del
encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder
terapéutico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente
asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora,
reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y
hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar
al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y
degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el
poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una
maquinaria social cuyo fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de
dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen
equiparables a la tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde
siempre a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede
separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se
puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que
acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del
Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de
los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las
características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos
y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social,
con la idiotrización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean
capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión,
el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para
la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la
miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho
si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de
continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que
perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y
culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel,
cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la
crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y
sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos
y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de
“protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías,
en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del
orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los
presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar
los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar
la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo mismo que sobre la
situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los
torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva,
no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa
u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a
los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y
todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de
movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una
investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el
propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué,
conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos
objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y
necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación
directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre
medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos
contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la
comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los
esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
Si torturar es infligir a una persona, con cualquier utensilio o método, un
grave dolor físico o psicológico, con intención de castigarla u obtener algo de
ella (información, una confesión, obediencia, sumisión…), entonces, la cárcel y
el sistema penal cuyo centro ocupa, así como el régimen de dominación y
explotación capitalista a cuyo servicio está evidentemente la acción punitiva
del Estado, se pueden definir como máquinas de tortura. Sin embargo, por
razones que iremos explicando en el desarrollo de este texto, nos referiremos
en primer lugar a la tortura y a los tratos crueles, inhumanos o degradantes
más evidentes, es decir, el empleo de la violencia física directa, usados
rutinariamente por los agentes de la administración del Estado para alcanzar
los fines de la misma, y enseguida, a los que son consecuencia inmediata de su
funcionamiento “normal”.
Las primeras en constatar que los malos tratos y las torturas constituyen
un instrumento empleado sistemática y cotidianamente por los carceleros para
hacer funcionar la máquina penitenciaria son las propias personas presas.
Especialmente, algunas que ya se han significado a menudo por su actitud
rebelde frente a la institución y por una lucha permanente y desesperada contra
ella en defensa de su dignidad. Para los servidores de la dominación, su
actitud insumisa es razón suficiente para deslegitimar sus denuncias; para
nosotros, sucede precisamente lo contrario. En los relatos sobre sus
experiencias de lucha y sobre la represión consiguiente, constatan también la
ineficacia de los mecanismos institucionales de prevención contra la tortura y
la necesidad de otros. Desde luego que no confían en los “Jueces de Vigilancia
Penitenciaria” ni en el resto de tribunales y juzgados, ni en la “Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias”, ni en el “Defensor del Pueblo” y
denuncian incluso su complicidad en la creación de las condiciones de su
indefensión frente a la tortura.
Entidades nada sospechosas de radicalismo antisistema como el “Relator
especial”, el Comité contra la tortura, o el Comité de los Derechos del Niño de
la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y otras organizaciones más o menos gubernamentales han
denunciado también la existencia de la tortura en el territorio del Estado
español y la impunidad creciente con que se practica, así como ciertas
situaciones institucionales que la favorecen, como el régimen de incomunicación
de detenidos o de aislamiento de presos.
A pesar de la adhesión formal del Estado español a todos las convenciones,
protocolos y pactos internacionales de prevención de la tortura habidos y por
haber, hay muchos signos de que no existe voluntad política de erradicar esa
siniestra y repugnante práctica. Los gobernantes, legisladores y
administradores españoles participan fervorosamente en el ritual de la
impunidad: han instaurado la cadena perpetua de hecho; han apuntalado
legalmente el régimen FIES; mantienen y piensan mantener la detención
incomunicada; defienden a los torturadores cuando son denunciados, los indultan
cuando llega a condenárseles, y hasta los han ascendido o condecorado en varias
ocasiones.
También ha quedado demostrado el corporativismo de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en defensa de su arbitrariedad represiva y la indulgencia
que, lo mismo que los políticos, les prodigan los tribunales y la mayor parte
de los medios de comunicación, por la que se hacen descaradamente cómplices de
sus abusos. Aunque no existe nada parecido a una opinión pública independiente,
a juzgar por su pasividad, se puede pensar fácilmente que la mayor parte de la
población acepta sin el menor escrúpulo el adoctrinamiento de los “creadores de
opinión”.
Por otra parte, los mecanismos recientemente creados en cumplimiento de los
acuerdos internacionales de prevención de la tortura suscritos por el Estado
español se amalgaman con los que ya no funcionaban. Designando como “Mecanismo
Nacional de Prevención” (de la tortura) al “Defensor del pueblo”, que no ha
mencionado la palabra tortura más que una sola vez desde su creación y la ha
borrado incluso de las siglas de su nuevo título europeo, y que en su primer
informe en ejercicio de sus nuevas funciones no menciona tampoco ni un solo
caso de la misma. O nombrando vocal español del Comité para la Prevención de la
Tortura del Consejo de Europa a un juez la Audiencia Nacional como Baltasar
Garzón, acostumbrado, en el ejercicio de sus funciones en ese tribunal de
excepción, a montar sus sensacionales sumarios sobre atestados policiales
consistentes en informaciones logradas dentro del régimen de incomunicación mil
veces denunciado como propiciador de la tortura, y en declaraciones de los
imputados conseguidas igualmente, sin preocuparse lo más mínimo por las
denuncias de haber sido torturados interpuestas las más de las veces por ellos.
Eso convierte en la práctica esas instituciones en nuevos “ritos de impunidad”,
mecanismos de ocultación y lavado de cara que garantizan la impunidad efectiva
de los torturadores en lugar de impedirla.
Existe una Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura,
compuesta de una cierta cantidad de grupos, con sede en diferentes puntos del
territorio del Estado español que, aunque bastante heterogéneos, tienen en
común su preocupación por el control, visibilización, denuncia y prevención de
la tortura desde la “sociedad civil”. Desde hace años, aparte de las
actividades propias de cada grupo, además de elaborar y difundir de forma
sostenida un discurso crítico muy coherente sobre el tema, vienen formando una
base de datos sobre la tortura cuyos contenidos van dando a conocer por medio
de informes anuales. Esos informes indican una cantidad importante de casos
denunciados (más de 7000 desde 2001), señalando asimismo el hecho evidente de
que la tortura está generalizada en todo el territorio del estado español, en
todos los lugares de encierro especialmente, y que han sido objeto de numerosas
denuncias todas las policías, carceleros y agentes de seguridad del Estado.
Informan también del imponente número de muertes bajo custodia que se producen
constantemente (853 desde 2001), poniendo en evidencia la destructividad de las
instituciones punitivas y especialmente de la cárcel.
Una gran cantidad de casos de violencia institucional, conocidos a pesar la
limitación de la implantación territorial y acceso a la información de los
colaboradores de la coordinadora y de una serie de mecanismos o filtros que
llevan a que en la mayor parte de las ocasiones no se denuncien las agresiones
sufridas: el hecho de que las torturas se producen en lugares ocultos, sin más
testigos que la persona torturada y sus torturadores que, evidentemente, se
encubren entre sí; el temor fundado a represalias ya que el denunciante queda a
merced de los denunciados; las contradenuncias típicas por “atentado”,
“resistencia”, “desobediencia” o “lesiones en los dedos de las manos de los
funcionarios”, que pueden traer incluso una nueva condena para el denunciante;
la superficialidad y cobardía de los exámenes médicos, mal hechos o que llegan
tarde; la presunción de veracidad que el sistema judicial otorga a “la
autoridad en el ejercicio de sus funciones”; la falta de “tutela judicial
efectiva” y la inoperancia de la fiscalía, con el frecuente archivo de las
denuncias y negligencia en las diligencias de investigación; la obstrucción
administrativa a su realización; la descalificación y criminalización de
quienes intentan apoyar a los denunciantes… Todo lo cual hace pensar que esos
casos conocidos sólo constituyen la punta del iceberg de los que verdaderamente
se producen.
Es esta triste situación la que, al hacer de la que nos ocupa una cuestión
de supervivencia para las personas presas, nos obliga a poner el acento en esos
aspectos más evidentes del empleo de la violencia como instrumento de
dominación por parte del Estado. Mirando para otro lado, nosotros también nos
convertiríamos en cómplices. Aunque no pretendamos discutir con la opresión
sobre los detalles de su propio ejercicio, no podemos callarnos ante esta
situación en la que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en
su aspecto más brutal y descarnado son de uso cotidiano en manos de los agentes
del Estado en el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, la cárcel es tortura en sí misma, violencia abrumadora sobre el
cuerpo de la persona presa, sobre sus sentidos, sus ritmos vitales, su
percepción y sus sentimientos; amenaza tremenda que impone a su mente un miedo
insuperable; factor conspicuo de alteración de conductas, de sumisión
aparentemente voluntaria, que imprime sobre la personalidad de sus víctimas un
estigma imborrable. Su impacto sobre las relaciones personales y sociales del
preso y sobre las personas cercanas a él es también enormemente destructivo. La
cárcel impone una relación de dependencia del preso con la administración
carcelera, una “relación de sujeción especial” donde la administración de su
derecho a la vida, o sea, de su muerte en vida, ha sido transferida al Estado y
predomina absolutamente sobre su libertad. Esa “sujeción especial” crea las
condiciones para la tortura de la misma manera que el régimen de incomunicación
de los detenidos o el de aislamiento de los presos.
Las infrahumanas condiciones de ese régimen de aislamiento; el desarraigo
social y familiar; las grandes condenas; el hacinamiento; el abandono
higiénico-sanitario; la indefensión jurídica; la sobreexplotación laboral; los
abusos de todo tipo, incluso sexuales. Pero también las condiciones del
encarcelamiento voluntario, que exigen la sumisión absoluta a un supuesto poder
terapéutico de la institución penitenciaria; el calvario “voluntariamente
asumido” hacia la reinserción en una sociedad injusta, opresiva y explotadora,
reinserción en la miseria… Todas esas prácticas y algunas otras, habituales y
hasta institucionalizadas en las prisiones españolas, permiten también aplicar
al “tratamiento” que impera en ellas los calificativos de cruel, inhumano y
degradante.
La cárcel, el sistema penal y todas las instituciones que alimentan el
poder punitivo del Estado no son para nosotros más que componentes de una
maquinaria social cuyo fin es mantener a los pobres sumisos y en situación de
dejarse explotar, por lo que en todos y cada uno de sus aspectos nos parecen
equiparables a la tortura. Por lo demás, un sistema social que recurre desde
siempre a la tortura hace pensar que la misma le es consustancial ¿Se puede
separar la tortura de la dominación de unos seres humanos sobre otros? No se
puede concebir este sistema sin tortura. Para acabar con la tortura hay que
acabar con el sistema. No creemos en una “sociedad civil” independiente del
Capital y del Estado capaz de imponerles el respeto a unos valores humanos de
los que por definición son enemigos.
Así pues, no se trata de discutir con la dominación sobre las
características del régimen que utiliza para imponerse, se trata de defendernos
y de defender a nuestra gente. En la situación actual de atomización social,
con la idiotrización consecuente, que hace que los oprimidos ni siquiera sean
capaces de señalar y nombrar lo que les oprime, el primer paso sería la unión,
el diálogo, la coordinación de esfuerzos, el intento de crear las condiciones para
la conciencia y para la acción comunes, de salir de la impotencia y de la
miseria en que nos encontramos. El Estado no ha reconocido jamás ningún derecho
si no se le ha obligado a hacerlo. No se trata de ser ciudadanos sino de
continuar siendo humanos. Si aún no hemos podido recuperar el poder que
perdiera la clase obrera de antaño al dejarse integrar política, social y
culturalmente en el Capital y en el Estado, o sea, en la sociedad-cárcel,
cultivemos al menos la fuerza que dan el apoyo mutuo, la conciencia lúcida, la
crítica intransigente, el diálogo igualitario, la dignidad humana compartida y
sostenida día a día en la lucha contra la injusticia y la opresión.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
La iniciativa de esta campaña parte de dentro de las cárceles: unos sesenta presos, apoyados desde la calle por algunas personas y grupos solidarios han iniciado ayunos mensuales acompañados de denuncias a quien corresponda. Las represalias (regresiones de grado, aislamiento, traslados, intervención de comunicaciones, violación y censura de correspondencia, secuestro de publicaciones, intimidación, coacciones…) comenzaron incluso antes que los ayunos, cuando se estaba discutiendo colectivamente la propuesta inicial. Aun así, el propósito de los participantes es persistir en su denuncia pública el mayor tiempo posible. Todo depende de la extensión de la lucha dentro y fuera y de la atención que se le preste desde la calle, sin la cual todo se dirimiría sin salir de esa “relación de sujeción especial” entre torturador y torturado.
Pero no se trata sólo de las cárceles de la “Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias”, las mismas torturas y tratos crueles, inhumanos
y degradantes se dan en las cárceles para niños, incluso en los centros de
“protección”, en las de inmigrantes, en los psiquiátricos, en las comisarías,
en las calles… la violencia, la prepotencia y el cinismo de las “fuerzas del
orden” son moneda corriente. No se trata de asistir compasivamente a los
presos, sino de defender unidos la dignidad de todos. Tampoco se trata de apuntalar
los mecanismos institucionales de prevención de la tortura, se trata de fijar
la atención tanto sobre los unos como sobre la otra, lo mismo que sobre la
situación real de impunidad de los torturadores e indefensión de los
torturados, con la intención de hacerlas imposibles. Es una actitud defensiva,
no estamos hoy por hoy en situación de obligar a la dominación a hacer una cosa
u otra, pero al menos podemos conocer su verdadera naturaleza, denunciarla a
los cuatro vientos y resistir frente a ella en defensa de nuestra dignidad. Y
todo se andará.
Para ello, nos proponemos conseguir que se hable del asunto por medio de
movilizaciones y estrategias comunicativas abriendo un debate y una
investigación colectiva con procedimientos verdaderamente críticos y el
propósito de conocer y dar a conocer lo que pasa realmente, cómo y por qué,
conocimiento que es indispensable para intervenir efectivamente. Plantearnos
objetivos que se puedan alcanzar dotándonos de las herramientas útiles y
necesarias para ello, iniciando un proceso práctico basado en la relación
directa e igual entre los implicados, en la reflexión permanente y viva sobre
medios y fines, y en un planteamiento de autodefensa solidaria de los oprimidos
contra lo que nos oprime. Coordinar esfuerzos en esa perspectiva a través de la
comunicación directa y de acuerdos explícitos.
Esto es, por tanto, un llamamiento a la unión y coordinación de todos los
esfuerzos encaminados a la erradicación de la tortura ¡No podemos consentirla!
www.carceligualtortura.org
contacto@carceligualtortura.org
contacto@carceligualtortura.org
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